Propongo, por consiguiente, eso, un referéndum. Para cuya redacción se convoque a aquellos que han trabajado en el diseño de políticas educativas y que no tengan intereses corporativos. Pero que, como en todo referéndum, la decisión la tengamos todos
Cuando un país llega al borde del abismo sus encrucijadas se revelan. Sólo entonces todos vivimos cotidianamente y sin anestesia nuestros dilemas fundamentales; aquellos que nos arrancan aullidos de dolor. Sólo entonces comprendemos que los pobres no son únicamente una estadística de dos tercios de la población total de Bolivia, sino la certeza de que, en el mejor de los casos, recién nuestros bisnietos gozarán de la calidad de vida que tienen ahora los niños noruegos o islandeses. Nuestros bisnietos, no nuestros hijos. Sólo entonces comprendemos que la democracia no consiste únicamente en tener la tasa de participación social más alta de América Latina, sino también en saber que somos la gente que menos confía en el vecino. Que cuando veo al vecino, veo al enemigo. Sólo entonces comprendemos que ese 40 por ciento de población que es indígena por lengua materna y ese 20 por ciento adicional que se siente indígena tiene 500 años de motivos para sentirse y saberse segregados. Que cuando nosotros los modernos (40 por ciento) o que cuando nosotros los cholos (20 por ciento) los vemos a ellos, los indígenas, no podemos sino verlos como los ve un racista. Es decir, como a alguien con quien en ninguna circunstancia nos casaríamos. Definitivamente el borde del abismo es el momento de la revelación de nuestras tragedias ni resueltas ni asumidas.
La pobreza tiene solución estatal. Es decir, es un asunto de política pública. Nuestra democracia tan insuficiente también parece tener solución por la vía de la expansión de derechos; aunque mucho más compleja y difícil, la solución mencionada también es concertable. Es decir, es un asunto de voluntad política. Pero ni las políticas públicas desde el Estado ni la voluntad política desde el país son suficientes para solucionar la condición colonial: ese divorcio, esa desconfianza, ese recelo, entre mundo moderno y mundos indígenas. Porque aun si los mundos indígenas también forman parte de esta nuestra modernidad abigarrada, son una parte radicalmente resistente y resistida. Por consiguiente, si es precisamente la condición colonial la que requiere una solución con un grado de creatividad cualitativamente distinto y superior a los necesarios para enfrentar la pobreza estructural y la democracia pactada, esa condición constituye el eje a partir del cual debemos imaginarnos un nuevo país.
Desde el costado modernizador de la nación diseñar una educación descolonizadora es obviamente fundamental porque es un gesto de buena voluntad, un mensaje de concertación. Pero desde el lado indígena definitivamente no es suficiente; la interculturalidad, es decir, el diálogo de saberes y su realización institucional y pedagógica en la gestión y en el currículo, sigue siendo tarea pendiente. Por esta necesidad de articular descolonización con interculturalidad es que los indígenas tienen un lugar central en el diseño de nuevo país y de nueva educación. Y por esta razón, los indígenas son los que han hecho posible que el Congreso Nacional de Educación no naufrague en esas aguas servidas de su pésima preparación política y educativa. Uno puede o no estar de acuerdo con esa estrategia indígena de avanzar en los escenarios disponibles, pero nadie puede desconocer que han sido ellos y su compromiso educativo los que han tapado los enormes agujeros del barquito congresal y los que, en última instancia, han dado c ntenido y maquillaje a la cara ministerial.
Sin embargo, aun asumiendo esa extraordinaria -por lo políticamente generosa- disponibilidad indígena al diálogo educativo, ni siquiera ellos podían salvar al congreso de su desastre. Porque la nueva ley no tiene nada de nuevo; es una pésima copia del Código de la Educación de 1955 que preserva lo peor de ese momento histórico, sin siquiera traducir a esta nueva situación lo mejor que tuvo. Porque la nueva ley estuvo hecha desde la concesión ministerial a los peores intereses corporativos que han convertido a nuestra educación en rehén de esos intereses. Y porque sólo así se explica que cuando los indígenas tomaron el rol protagónico que nos es indispensable a todos los que queremos un nuevo país y una nueva educación, las corporaciones propietarias de siempre del aparato educativo se llevaron su pelota porque había llegado la hora de que todos jugaran en igualdad de condiciones. Maestros urbanos, COB, Iglesia y universidades se escaparon.
El enemigo principal de cualquier política educativa intercultural y descolonizadora es la lógica corporativa. Esto es algo que se sabe hace suficiente tiempo. Este es el huevo de la serpiente que hemos heredado del código del 55. Precisamente por esto es absurdo que el Ministerio persista en su esquizofrenia; una política educativa liberadora no es concertable con esos propietarios corporativos. Un congreso educativo y un nuevo régimen educativo en la Constitución y una nueva ley no se los hace con encuentros pedagógicos. Sólo se los hace, a estas alturas históricas, con un referéndum.
Propongo, por consiguiente, eso, un referéndum. Para cuya redacción se convoque a aquellos que han trabajado en el diseño de políticas educativas y que no tengan intereses corporativos. Pero que, como en todo referéndum, la decisión la tengamos todos.
Porque la educación, ese pacto de sangre entre todos los bolivianos, es, muy probablemente, la única manera de que el borde del abismo no sea el momento del suicidio nacional, sino la oportunidad para construirnos alas. Y volar.
El autor es literato especializado en pedagogía
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