Una nota de este medio ha dado cuenta de la discriminación que prostitutas, portadores de VHS y homosexuales, sufren en los servicios sanitarios de la ciudad, a manos de pacientes con otras dolencias y el personal de esos centros; es decir, enfermeras, administrativos y médicos.
Algo se decía ya sobre este particular, aunque no se hubiesen sospechado los porcentajes de tal práctica en desmedro de personas que tienen todo el derecho a ser atendidas en materia de salud.
En este sentido, corresponde no sólo a las instituciones que velan por la igualdad, sino a las autoridades del departamento en su conjunto, tomar nota de la situación e implantar los correctivos necesarios, de modo tal que la salud deje de ser un privilegio, con mayor razón si en el caso del Sida, se corre el riesgo de expansión por las características del mal.
Es inadmisible que en pleno siglo XXI haya gente que a causa de prejuicios o escasa voluntad, deje de socorrer a sus semejantes necesitados, peor aun tratándose de profesionales que se apartan de su apostolado.
La población contribuye con sus impuestos al funcionamiento del sistema nacional de seguridad, en el entendido de que es de beneficio colectivo y abarca a toda la sociedad, principio que nadie ni nada debieran desvirtuar, sino más bien consolidarse cada día, como ocurre en otros países, donde los sectores más desprotegidos son justamente los que reciben preferente consideración.
