Notifican a Costas y a vocales electorales

Santa Cruz | El Deber

A 10 días para el referéndum revocatorio, la Fiscalía General de la República notificó ayer al prefecto cruceño, Rubén Costas, al presidente de la Corte Departamental Electoral (CDE), Mario Orlando Parada, y a los vocales de esa entidad, para que respondan por la supuesta comisión de delitos de sedición, malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

La acusación que presentaron los ciudadanos paceños Braulio Calizaya, Jhonny Callejas y Martín Canaza contra las autoridades cruceñas, es por la convocatoria al referéndum sobre el estatuto celebrado el 4 de mayo, por el desembolso económico que hizo la Prefectura para la administración de esa consulta y por las resoluciones de la CDE sobre ese proceso.

"No han encontrado ningún acto de corrupción, ni una aguja de contrabando o narcotráfico, ni rencores, ni odio. Pero sí van a encontrar la firmeza frente al totalitarismo", dijo ayer Costas, tras recibir la notificación judicial.

El secretario de Justicia de la Prefectura Vladimir Peña, dijo que la proposición acusatoria que hacen los tres paceños, según la denuncia, el prefecto Costas infringió el Código Penal al llamar a un referéndum y que esta figura no está prevista en la Constitución, y se destinó recursos para esa proceso. Además, aseguró que el Prefecto presentará toda la documentación que requiera la Fiscalía para investigar el caso.

Explicó antes de ese proceso penal, se tiene que llevar adelante un ante-juicio referente a la constitucionalidad del referéndum autonómico.

Por su parte, el líder cívico, Branko Marinkovic, pidió a todos los cruceños que respaldan al proceso autonómico, acompañar a Costas cuando sea citado a declarar y se declaren culpables porque la consulta popular se realizó por iniciativa popular con el respaldo de más de 100 mil firmas.

A su vez, el senador de Podemos Luis Vásquez dijo que el proceso incidental que anunció la Corte cruceña no procede, ya que esa vía es por la Cámara de Diputados. Por su lado, los masistas cruceños responsabilizan al presidente de la CDE, al Prefecto y a los cívicos cruceños de entorpecer la consulta, bajo el argumento de que es ilegal.