Cortes estudian pedir modificar las normas del revocatorio

Red Líder y Agencias

En medio de una ola de acciones judiciales por el referéndum revocatorio de mandato, los presidentes de la Corte Nacional Electoral (CNE) y de las cortes de siete de los nueve departamentos del país decidieron ayer continuar con el referéndum y estudian la posibilidad de pedir al Congreso la modificación de las normas de la consulta prevista para el 10 de agosto próximo.

La propuesta provocó ayer que el presidente de la corte de Oruro, David Apaza, abandone la reunión antes de que se declare cuarto intermedio hasta las 9:30 de hoy, porque, según manifestó a los medios, no está de acuerdo con la solicitud de modificación de las normas que se estaba preparando en el encuentro.

Según Apaza, lo que estudian los órganos electorales es solicitar al Congreso que las autoridades que se someterán a la consulta, el presidente Evo Morales, su vicepresidente y ocho de los nueve gobernadores departamentales, sean revocadas según la norma de la mitad más uno (50 por ciento más uno).

La ley que regula la convocatoria dispone que cesarán en sus cargos los que reciban en contra una votación igual o superior al porcentaje y al número total de sufragios que obtuvieron a su favor en los comicios de 2005.

Esta posición preliminar surgió anoche tras cinco horas de reunión, en la que las autoridades electorales de la nacional, de La Paz, Oruro, Pando, Beni, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, debatieron sobre las diferentes posturas y pedidos de suspensión del referéndum, el patrón electoral y los porcentajes de la votación fijados en la ley de convocatoria.

Este último punto resultó el más conflictivo e hizo que el presidente de la Corte Departamental Electoral de Oruro abandone la reunión y exprese su molestia, ante la prensa, sobre la decisión que se pretendía aprobar. Asimismo, Apaza expresó su desacuerdo con la posición de la corte de Santa Cruz que anunció con paralizar el revocatorio y advirtió que si eso sucede, la corte cruceña asumiría "sobre sus espaldas" los 70 millones de bolivianos que costará encarar el revocatorio.

El presidente de la corte de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, no asistió al encuentro por las objeciones a la consulta que dieron a conocer el martes y en sala plena ayer, los vocales de ese departamento, se dieron un plazo "fatal" de 48 horas, a partir de las 18:00 de ayer, para pronunciarse a favor o en contra de seguir con el proceso administrativo y de ejecución del referéndum revocatorio de mandato del Presidente, del Vicepresidente y de ocho prefectos del país.

La sala plena de la CDE cerró ayer una nueva sesión en la que determinó que en las próximas 48 horas, y con el consenso de sus miembros, formulará y elevará una representación institucional ante la CNE, en resguardo del Estado de derecho, de la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes de la República y la obligatoriedad del precedente constitucional.

Tampoco participó de la reunión, el representante de la corte potosina, Guillermo Benavides, porque no pudo arribar a la sede de gobierno debido a los bloqueos que protagonizan organizaciones sociales afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB)

En las afueras de la CNE, los activistas del denominado Comité Cívico Popular, afín al MAS, en el que destacaba el agitador Adolfo Cerrudo, se hicieron presentes para exigir que el revocatorio sea realizado en 10 de agosto sin modificaciones.

Juicios

Mientras las autoridades electorales intentan superar la polémica jurídica y política que se ha generado en el país por el revocatorio y la incertidumbre sobre su realización, ayer opositores y oficialistas iniciaron una serie de acciones judiciales, unas orientadas a suspender la consulta otras para enjuiciar a quienes intentan frenarla y están en contra.

El Gobierno le abrió un proceso por prevaricato a la única magistrada del Tribunal Constitucional por el decreto que emitió ante un recurso de inconstitucional presentado contra la ley de convocatoria del revocatorio y anunció juicios penales y civiles a los vocales electorales que se nieguen a ejecutar el revocatorio.

En contrapartida, el diputado de Unidad Nacional, Arturo Murillo, interpuso ante la Fiscalía General de la República, una querella penal contra el presidente y los vocales de la CNE por vulnerar la CPE. Por otra parte, dos diputadas de Podemos, interpusieron tres amparos constitucionales contra las cortes electorales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, objetando la pregunta de la consulta y pidiendo su suspensión.

LAS ACCIONES LEGALES

* El vicepresidente, Álvaro García Linera, advirtió con demandas civiles y penales contra los vocales que se opongan a la realización de la votación. Señaló que el Estado gastó 69 millones de bolivianos (9,7 millones de dólares) en la organización de la consulta, que serán reclamados en un juicio civil a quienes perjudiquen el proceso.

* La ministra de Justicia, Celima Torrico, planteó ayer ante la Cámara de Diputados un juicio a la magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, por el presunto delito de prevaricato porque se pronunció en contra del revocatorio.

* En Sucre, el diputado de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, que también impugnó la consulta del 10 de agosto, presentó una querella ante la Fiscalía General contra el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, y los vocales Jerónimo Pinheiro y Amalia Oporto por presuntos delitos de alteración del padrón electoral, beneficios en función del cargo, comisión por omisión, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

* La Corte Departamental Electoral de Santa Cruz prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley con la que se convocó al revocatorio.

* El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó un memorial ante la CNE, pidiendo un pronunciamiento sobre su posición sobre el referéndum.

* La Prefectura de La Paz presentó una denuncia contra la CNE por las dobles inscripciones en el Padrón Electoral.