Pensilvania, EEUU | AP
Grupos hispanos y la Unión Estadounidense por los Derechos Cívicos (ACLU por sus siglas en inglés) iniciaron juicio ayer contra un municipio que ha llamado la atención de todo el país por sus políticas de inmigración, preparando el escenario para una batalla legal contra la represión de inmigrantes ilegales.
El concejo municipal de Hazleton aprobó el mes pasado una ordenanza que impone multas a propietarios que rentan a inmigrantes ilegales y deniega autorizaciones comerciales a las compañías que los emplean. La ley permite a la ciudad investigar denuncias sobre el estado inmigratorio de una persona, empleando una base de datos del Gobierno federal.
Abogados de la ACLU, el Fondo de Defensa Legal y Educación de Puerto Rico y otros grupos pensaban presentar ante la justicia federal un recurso de amparo para impedir la entrada en vigencia de la ley, prevista para el miércoles.
El problema de la inmigración ilegal es uno de los asuntos cruciales en el debate electoral faltando apenas una semana para los comicios parlamentarios.
