A veces, la aceptación popular de un gobierno aumenta o desciende al ritmo de sus aciertos o desaciertos, respectivamente. Una y otra variante suelen alternarse en tramos temporales relativamente cortos, como lo demuestran varios precedentes en América Latina. Acaso el más ilustrativo al respecto sea el de Lula, en Brasil. A raíz de escandalosos brotes de corrupción en su entorno íntimo, descendía algunos puntos en las preferencias político-electorales, pero después remontaba las cifras y se garantizaba una contundente victoria electoral. Y todo por lograr un buen ensamble entre macro y microeconomía. La primera, con registros de crecimiento y estabilidad. La segunda, con repunte de salarios e ingresos de los estratos sociales más pobres.
Últimas encuestas mostraban a Evo Morales y el MAS en declive respecto a imagen, prestigio y credibilidad. Del 81% inicial de apoyo ciudadano, descendían al 51%. Provocaban esta caída varios errores referibles no precisamente a gestión gubernamental, en tiempo relativamente breve para exigir resultados, sino a retórica de confrontación, desde trincheras etnoculturalistas, erizadas de enseñas de hegemonía política, que alentaban versiones alarmistas sobre el futuro inmediato, creando un ambiente de inseguridad en la población y generando condiciones, inclusive, para colisiones de tipo interregional.
Pero algo bueno le pisa ya los talones a todo lo malo que fue y sigue siendo lo anteriormente citado. Nos referimos a los acuerdos contractuales del gobierno con las empresas transnacionales. Con Petrobras a la cabeza, todas ellas terminaron acatando las reglas de juego establecidas por la nacionalización de los hidrocarburos. Se avienen a ser "empresas de servicio" de YPFB y a pagar al Estado el 85% de los ingresos que obtengan, porcentaje que dentro de cuatro años nos permitirá atesorar más de cuatro mil millones de dólares. Los contratos tendrán una vigencia de 23 a 30 años. Aun no sabemos los parámetros a los cuales se sujetará aquel pago ni los topes para los precios del gas ni la modalidad que regirá la transferencia de las refinerías a YPFB, asuntos secundarios sobre los cuales sin duda alguna habrá igualmente acuerdo de partes.
Imposible disociar tan buen acuerdo de concesiones recíprocas de ambas partes.
El gobierno cedió y las transnacionales también. Se llegó a un punto medio que satisface los intereses del país y los de las empresas extranjeras. El primero se garantiza la parte de la torta hidrocarburífera que le corresponde como propietario del energético y las segundas a la ganancia a que tienen derecho por la inversión efectuada en Bolivia. De ser así, quiere decir que, esta vez, el gobierno actuó con el tino, responsabilidad y racionalidad que imponía el manejo de tan crucial cuestión. Le garantizó al país nuevos e importantes ingresos y, de paso, lo que es también muy importante, recompuso la imagen de Bolivia respecto a la seguridad jurídica que debe garantizarse a la inversión foránea.
¿Un epílogo con efecto de ascenso para Evo y el MAS en el cuadro de las preferencias ciudadanas? ¿Lo bueno ganándole a lo malo en tan crucial tablero? ¿Recobran la credibilidad perdida? ¿Se reponen? ¿En qué proporción? ¿Y por qué tiempo? No olvidemos el carácter coyuntural de este balanceo cuantitativo. Hoy se sube y mañana se vuelve a bajar. Para no volver a caer, a Evo y el MAS deben expurgarse del etnoculturalismo y hegemonismo que tanto les perjudica. En lo posible, sin sahumerios a la Pachamama.
