El Deber y agencias
Mientras el Parlamento espera la remisión de los nuevos contratos petroleros para evaluarlos lo más antes posible y aprobarlos para que entren en vigencia, varios sectores pidieron ayer al Gobierno hacer públicos los detalles de los acuerdos ante diferencias en las cifras de ganancias e inversiones y falta de claridad en cuanto a inversiones.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dijo que "no hay letra chica en los contratos" y que serán entregados en tres semanas para su aprobación al Congreso, pese a que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz, dijo el domingo que se enviarían "los primeros días" de esta semana.
Villegas reiteró que los acuerdos son "extraordinarios e históricos", en tanto que el vicepresidente Álvaro García señaló que son "los mejores contratos petroleros obtenidos en la historia boliviana".
Pero ante la falta de detalles surgieron algunas dudas. El ex viceministro de Hidrocarburos y actual consultor Carlos Alberto López señaló que la información del Gobierno "no aclara el tema de las inversiones, que es crítico, porque han estado congeladas y si no se hacen nuevas no habrá recursos para mantener las ventas a Brasil, ni para Argentina y tampoco para el consumo interno".
A su vez, el senador de Podemos, Oscar Ortiz, indicó que se espera que los convenios se "conviertan en algo positivo para el país", pero que "hay motivos de preocupación" porque "no se puede esperar un mes".
"Yo no entiendo por qué hasta ahora no se han hecho públicos los contratos", dijo el legislador.
Sectores de empresarios también pidieron conocer más sobre los contratos para poder evaluar su impacto.
Aprobación
Jorge Silva (MAS), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara Baja, informó ayer que el Ejecutivo no ha formalizado aún la fecha de envío de los nuevos acuerdos, pero en cuanto los tengan los aprobarán rápidamente.
Ortiz, por su parte, dijo tener el mismo criterio porque confía que los contratos están sobre la base del decreto de nacionalización. "Si se adecuan a ese parámetro no tenemos porqué impedir su aprobación", agregó.
El jefe de bancada de Unidad Nacional, Peter Maldonado, señaló que antes de hablar de los contratos quiere saber su contenido para evaluarlos con sus correligionarios en el Parlamento.
Pese a la recargada agenda del Congreso, los voceros de los principales partidos coincidieron en indicar que el tratamiento de los contratos petroleros tendrá prioridad. Éstos deben en primera instancia ser evaluados en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico y después pasar al plenario.
Su tratamiento será por tiempo y materia y no habrá problemas para agendarlo pese a los otros temas que se tiene para discutir, coincidieron Ortiz y Maldonado.
Lo que piden todos, incluidos los del MAS, es poder saber el tenor de los contratos cuanto antes.
Ortiz agregó que "ojalá el Gobierno no caiga en lo que critica y esté teniendo los documentos en forma reservada. Si ya están firmados cuál es el problema de mostrarlos públicamente".
Por su parte, el directorio de YPFB aprobó los contratos firmados por el Ejecutivo, dando cumplimiento a lo que dice el decreto de nacionalización que indica que es requisito insustituible la autorización de este órgano superior de la empresa, según manda la ley sectorial.
El Poder Ejecutivo manifestó ayer que espera que antes de fin de año estén aprobados los 69 contratos de operación con las petroleras, para que entren en vigencia desde el primer día de 2007.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, reconoció que es "urgente" que los contratos estén vigentes lo antes posible y que para facilitar las labores del Legislativo, el Ejecutivo elabora información ya sistematizada.
DEL 50% SALDRÁN LAS UTILIDADES
La "recuperación de costos y amortización de inversiones" petroleras serán cubiertas con parte del 50 por ciento del total producido y "sobre el remanente hay una distribución de las utilidades entre YPFB y las compañías", explicó ayer el presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz.
Del restante 50 por ciento se pagarán regalías a los departamentos productores: Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba del 11 por ciento, y el 1 por ciento para Beni y Pando; la participación nacional del 6 por ciento y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 32 por ciento, indicó el ejecutivo.
Los cálculos se realizarán sobre un cuadro que incluye múltiples variables, por lo tanto, no se trata de una distribución exacta e inalterable del 82-18 por ciento. Además que la remuneración variará según campos y su producción, que pueden ser de gas o líquidos y hasta tomando en cuenta el destino de estos combustibles, es decir, mercado interno o exportación.
El "esquema del contrato es que sobre el 100 por ciento de la producción" un 50 por ciento es para cubrir costos y el resto para utilidades y renta petrolera para el Estado en sus distintas instancias.
Petroleras esperan seguridad
Cumplida la etapa de la "migración" de contratos, que fue aceptada por las 10 petroleras que tienen convenios contractuales con el Estado boliviano, ahora viene el proceso de inversión para reactivar los emprendimientos postergados e iniciar otros nuevos.
Sin embargo, las empresas privadas, a través de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, señalaron ayer que no lo podrán hacer si no hay seguridad jurídica "total". Esto es, explicó José Magela, presidente de la entidad, que no podrán invertir si continúan las amenazas de toda índole.
"Aunque tengamos nuevos contratos firmados, no podemos hacer inversiones si seguimos con amenazas de tipo jurídico o social", insistió.
Empresas como Andina y Repsol-YPF enfrentan juicios por presunto contrabando de crudo y estafa al Estado.
MÁS REACCIONES TRAS LA FIRMA
BRASIL: ES PREMATURO DEFINIR INVERSIONES
El Gobierno brasileño manifestó ayer que es temprano aún referirse a nuevas inversiones en Bolivia tras el contrato que la petrolera Petrobras firmó el sábado para continuar con sus operaciones en el país bajo las reglas establecidas por la nacionalización de los hidrocarburos.
"Es muy temprano para dar señales de nuevas inversiones en Bolivia", dijo el ministro brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, en declaraciones a periodistas en las que dio nuevos detalles sobre la situación de Petrobras en Bolivia.
Según el ministro, el nuevo contrato apenas prevé que Petrobras realice las inversiones en mantenimiento "necesarias para garantizar la producción" de los campos de gas de San Alberto y San Antonio.
Rondeau reiteró, sin embargo, que el contrato es satisfactorio para ambas partes y que se hicieron concesiones mutuas. Agregó que, además de garantizar que Brasil recibirá el gas contratado hasta 2019, el nuevo contrato le da más garantías a Petrobras debido a que la brasileña operaba sin un acuerdo refrendado por el Congreso boliviano.
REPSOL: CONTRATO TENDRÁ POCO IMPACTO
El presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, dijo desde Madrid que el nuevo contrato de la petrolera hispano argentina con Bolivia "tendrá poco impacto" en la empresa y, si tiene, "será positivo, porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesaria".
En declaraciones a Cataluña Radio, Brufau se mostró moderadamente satisfecho por el nuevo contrato firmado con el Gobierno de Bolivia para la explotación de recursos al país.
Señaló que confía en que el nuevo acuerdo "aclare una situación de inestabilidad del pasado" y consideró que "pone en valor los activos que ahora tenemos".
El presidente de Repsol YPF valoró el apoyo que ha recibido su compañía por parte del Gobierno español durante todo el proceso y explicó que la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo una conversación telefónica con el presidente Evo Morales, para dar apoyo a la negociación.
Además, en la última fase de las conversaciones, estuvo presente el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, para mediar entre ambas partes.
Por su parte, el secretario de Estado español de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, indicó que los nuevos contratos "despejan incertidumbres" y permiten afrontar el futuro con mayor optimismo.
CÁMARA DE HIDROCARBUROS RESPALDA FIRMA
La Cámara de Hidrocarburos de Bolivia (CBH) expresó ayer su optimismo por la suscripción de nuevos contratos de operación entre el gobierno de Evo Morales y las 10 compañías petroleras que operan en suelo boliviano.
"El escenario que se ha planteado con la firma de nuevos contratos, vislumbra una relación positiva y duradera entre socios, las empresas y el Estado nacional", dice un comunicado de prensa de esa entidad cuya sede está en Santa Cruz.
"El sector necesita tranquilidad y seguridad para sus operaciones, esos son factores que también apostamos se puedan generar a partir de estos acuerdos", subraya la CBH.
"La mayor deficiencia y preocupación de nuestro sector ha sido la falta de inversión", agrega el comunicado, que recuerda que en los últimos 10 años, "el sector privado ha consolidado a Bolivia como el principal proveedor de gas natural del Cono Sur y como el país con mayores reservas libres de Sudamérica".
Ante un nuevo panorama, iniciado el domingo 29 de octubre, "el compromiso del sector hidrocarburos es el de trabajar para seguir aportando al país", puntualiza la CBH.
EMPRESARIOS DESTACAN LOS ACUERDOS
Los empresarios del país ven con satisfacción la firma de los nuevos contratos suscritos entre YPFB y las 10 empresas petroleras que, en su criterio, garantizan y consolidan la exportación de gas natural a Brasil hasta 2019 y a Argentina hasta 2026, pero pidieron al Gobierno priorizar la inversión en caminos, educación y salud.
El presidente de la Federación de Empresarios de La Paz (FEPLP), Bernd Abendroth, dijo que el Gobierno demostró su capacidad de negociar adecuadamente con todos, toda vez que no rompió ningún diálogo.
Con la firma de los nuevos contratos se confirmó también, dijo Abendroth, que existe una predisposición de inversión extranjera que nos permitirá de alguna manera sacar materia prima hasta llegar a procesos de industrialización.
Para los empresarios, la actitud del Ejecutivo es un "acto de fe" de un Estado que está dispuesto a trabajar y dar el apoyo jurídico, político y social a quienes están dispuestos a invertir en el país, por lo que ahora resta generar mayores condiciones de inversión.
