Inseguridad ciudadana,

la otra crisis nacional

Mientras los atracos son ya parte del paisaje cotidiano, la demanda ciudadana de seguridad, una de las centrales según las encuestas, no encuentra cauce. Aquí la opinión de un experto.

La inseguridad ciudadana, entre lo anecdótico y lo trágico, tocó hace apenas dos semanas uno de sus picos: cuatro asaltantes vaciaron una joyería ubicada a una cuadra del Grupo Especial de Seguridad, frente al Congreso Nacional y a menos de 40 metros del Palacio de Gobierno. El botín sumó más de 305.000 dólares. Las semanas previas fueron un festival de asaltos en las cuatro principales ciudades del país. La Policía, “bien gracias” y el Gobierno opta por llamar “al cuarto de caballería”, la Policía Militar en versión criolla, una solución repetidamente frustrante. Uno de los analistas especializados en el tema, Juan Ramón Quintana, describe las raíces de esta otra crisis nacional.




¡OH! ¿Dónde empieza esta creciente crisis de seguridad? ¿Cuáles son las causas de fondo?

Podemos señalar de principio la debilidad de las instituciones públicas del Estado. Tenemos un régimen penitenciario cuya responsabilidad no sólo es la punición, sino también la rehabilitación y la reinserción social. Pero cumple sólo un tercio de sus funciones. También falla el sistema penal: jueces, fiscales y policías están minados por la corrupción. A ello se suma un problema crónico: la falta de liderazgo institucional sobre la política de seguridad. Siete planes de seguridad, desde el 97, han arrastrado deficiencias. Esto porque no hay un conocimiento del fenómeno, se ha hecho planes de seguridad en base a una percepción policial y no en base a una comprensión de la realidad social.

¡OH! ¿Dónde falla el liderazgo?

No hay una articulación de visiones institucionales para concentrarse en la prevención del delito. Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, que es el órgano rector de la política de seguridad, no tiene como centro de gravedad de su organización la problemática de la seguridad. Transfiere esa responsabilidad a la Policía. Y cuando uno ve a la Policía y se pregunta qué funciones cumple, resulta que esta institución no coloca la problemática de la criminalidad como el centro de su desempeño profesional. Entonces no hay ni liderazgo ni prioridad ni recursos para tratar el tema de la criminalidad.

Sobre esa base, las decisiones políticas que se toman para enfrentar el problema son erráticas y totalmente equivocadas. Ante esta inflación del delito se busca prevenir, reprimir y disuadir utilizando a las FFAA. Es una decisión constante desde 1999, pero no hay un solo indicador que nos señale que la intervención de los militares ha contribuido a reducir el delito.

¡OH! Pero, por lo menos es un paliativo...

Nada, ningún dato nos indica que la intervención de las FFAA haya contribuido a reducir el delito. Ahora no digo que haya ocurrido todo lo contrario. Sin embargo, a pesar de no constatarse resultados, las autoridades reiteran esa decisión que es en realidad una ilusión para la ciudadanía.

¡OH! ¿Por qué?

Porque la decisión les genera rentabilidad política a las autoridades, pero a mediano y largo plazo quien paga los defectos de esta decisión es la sociedad, pues los problemas, como hoy vemos, se acumulan mucho más.

¡OH! ¿Y qué hace falta para que se encare el problema de manera más estructural?

Ahí está el otro problema de fondo, hace falta la voluntad política para encarar una política de seguridad a partir de una concepción democrática, sujeta a un estado de derecho y con la correspondiente capacidad institucional. Desafortunadamente se sigue manteniendo un predominio policial sobre el sistema político, que impide restablecer el orden de una política de seguridad.

¡OH! ¿Se refiere a esa relación viciada entre policías y políticos?

Exactamente. Esa relación anómala está afectando ya de una manera insostenible al fenómeno de la criminalidad. Necesitamos un sistema político que retorne a las fuentes de sus responsabilidades republicanas, que no piense en la Policía como una herramienta de poder informal. Necesitamos una Policía que restaure el principio del servicio público al ciudadano y se haga más transparente y más profesional.

¡OH! Tal cual van las cosas, eso parece extremadamente difícil, un reto muy grande.

Grande y difícil en apariencia. Hay experiencias muy plausibles en Latinoamérica. Hubo decisiones muy firmes en el tema de la criminalidad en otros países. El ejemplo más importante es el municipio de Bogotá. Allí hasta 1998 se registraba la tercera tasa de homicidios más alta de Colombia y la quinta a nivel continental. Hubo un nuevo enfoque de gestión pública, una política de seguridad democrática. Se impulsó una mayor participación de la sociedad y una mejor capacitación de las policías, se invirtió estratégicamente recursos en la investigación criminal. Luego de ello se redujo la tasa de homicidios en un 24% en 6 años. Así Bogotá ganó el año pasado uno de los diez premios mundiales de los municipios que mejoraron el desarrollo humano.

¡OH! Aquí el cambio implicaría una cirugía institucional a la que, especialmente la Policía y los gobiernos, le tienen terror desde hace años.

En realidad implica dos cirugías. Primero hay que restablecer la autoridad civil sobre la política de seguridad. Hoy en Bolivia el 90% de las competencias de seguridad está en manos de la Policía. Hay una abdicación de la autoridad civil para asumir el liderazgo en materia de seguridad pública. Fíjese que el 18% a 20% del presupuesto para seguridad está en manos del Ministerio de Gobierno, mientras que más del 80% está en manos de la Policía. Nadie sabe cómo se administra ese 80 por ciento que el Estado le da a la Policía. Se le ha dado desde el Gobierno demasiadas responsabilidades, privilegios y atribuciones a la Policía mientras las autoridades se dedican a otros problemas.

¡OH! ¿Pero cómo se podría restaurar esa autoridad si con sólo con tocarle un dólar a los fondos policiales se viene un conato de motín?

Ése es el problema a enfocar. Si resolvemos el tema de la transparencia en el manejo de fondos de la Policía se soluciona el 50 por ciento del problema.

¡OH! ¿Y en qué consistiría la resolución del otro 50 por ciento?

Luego de restablecer la autoridad civil para el diseño de la política de seguridad, lo segundo es que esa autoridad diseñe la política de seguridad con arreglo al fenómeno de la criminalidad.

Hoy en Bolivia se trabaja detrás de la sombra del hueso. Se atacan las consecuencias de la inseguridad, no las causas. El tercer tema es transformar el modelo policial. El modelo de organización y competencias policiales está absolutamente agotado. Además está corroído por la corrupción. Es un modelo de principios del siglo XX. Es un modelo extremadamente burocrático y centralizado. Hay una lógica patrimonial en el ejercicio de la autoridad. Es un modelo cuya mayor preocupación son las recaudaciones y responde sólo a intereses corporativos. Finalmente hay que despolitizar y nacionalizar la política de seguridad en Bolivia.

¡OH! ¿Es decir que no sólo la Policía trabaja mal, sino que preferentemente para otros?

Lamentablemente una gran parte de este modelo de organización de seguridad está al servicio de intereses políticos y de pequeñas elites. Más de 1.200 policías cumplen tareas de edecanes o ayudantes en la burocracia del Estado. Hablamos de policías jóvenes, bien capacitados que están detrás de escritorios o autoridades públicas.

¡OH! ¿Y la nacionalización?

Tiene que ver con una sub-ocupación de una gran parte de la Policía que atiende intereses no nacionales. Lamentablemente hay una parte de la Policía que no está bajo control del Estado.

Paradójicamente es una policía muy bien formada y dotada de recursos. Hablamos de los sistemas de inteligencia, Umopar, de una policía militarizada.

¡OH! Mientras no se va a la cirugía, se ha llegado al extremo de que los asaltos llegaron a las puertas de Palacio de Gobierno. ¿Qué riesgos corre la sociedad?

Vivimos desde hace un año es una sucesión ininterrumpida de asaltos y atracos violentos.

Metafóricamente, para el hampa existe la impresión de que las ventanas están rotas y que es posible entrar a la casa. Hay una asimétrica acumulación de habilidades y conocimientos de pequeñas organizaciones criminales frente a organismos de seguridad extremadamente lentos y precarios. Podemos hacer un mapeo: Migración está absolutamente corrompida, en la PTJ no conocen las drogas sintéticas, algo similar pasa con el tema de la falsificación de billetes o los robos de vehículos. La respuesta es muy débil frente a acciones cada vez más sofisticadas, violentas, organizadas y cada vez más protegidas por funcionarios estatales.

¡OH! ¿Este panorama ha borrado la imagen de país tranquilo que tenía Bolivia? ¿Qué nivel de riesgo internacional está adquiriendo?

Estamos pasando de un riesgo moderado a un riesgo intermedio. Pero hay regiones donde ese riesgo es mucho mayor, donde la vulnerabilidad de la sociedad es muy alta, especialmente los casos de Cochabamba y Santa Cruz. Son umbrales de criminalidad de alto riesgo. Si comparamos las tasas más altas de homicidio están en El Salvador Colombia y Brasil, tienen un nivel alto. Luego en el nivel intermedio están Venezuela, Perú y ahora Bolivia. En un nivel mucho más bajo están Chile, Uruguay y Costa Rica.

¡OH! ¿Puede puntualizar algunos elementos que esté alimentando este fenómeno?

Primero ha aumentado de una manera dramática la venta ilegal de armas de fuego. También se han reactivado los circuitos vinculados al narcotráfico, pero esta vez vinculados a los mercados del exterior, baste decir que el 10% de la producción de cocaína se va a Chile y otros porcentajes a Paraguay y Brasil. Ahora esta exportación de droga se convierte en importación de inseguridad, pues las redes mafiosas compran armas, trafican automóviles, hacen secuestros, hay vendettas, etc.

¡OH! Entonces hablamos de que se incuba la actuación de mafias internacionales...

Se está ingresando a una fase intermedia. Hay una articulación con la criminalidad transfronteriza. Si vemos el cinturón fronterizo se nota claramente que hay fronteras altamente vulnerables a estos fenómenos. Tenemos Puerto Suárez, Yacuiba, Oruro, San Matías, Guayaramerín y Cobija.

¡OH! Ante ese panorama, al parecer el Gobierno se está tapando los ojos. ¿No cree usted que es urgente que se asuma una política de Estado sobre la seguridad ciudadana?

Exactamente. El Gobierno en realidad está pateando la pelota hacia delante y esto va a tener un costo muy alto para la sociedad boliviana. Independientemente de que se realice la asamblea Constituyente este tema debe ser encarado. Lo peor sería que lleguemos a la Asamblea Constituyente sin haber sabido abordar el tema de la seguridad y repitamos los errores del pasado.

En esto no sólo se debe considerar que la delincuencia está ligada al desempleo y la pobreza. No sólo es eso. Además se debe ir contra otras expresiones de criminalidad. Es decir, al crimen de cuello blanco encubierto por el sistema político. Finalmente hay que encarar las estrategias de lucha contra la corrupción y la impunidad que hasta hoy son sólo un simulacro.

. Juan Ramón Quintana es uno de los más destacados expertos en políticas de seguridad de Bolivia.

.Fue oficial de Ejército con el grado de Mayor y es sociólogo con estudios de postgrado en Filosofía política y Teoría Democrática.

.Es además catedrático universitario e investigador del Programa de Investigación Estratégica.

.Entre sus escritos más renombrados se encuentra el libro “Soldados y Ciudadanos”.