Río+20, entre la decepción y la esperanza

ANÁLISIS | SOBRE LA CUMBRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SUS LOGROS Y TROPIEZOS.

Le ha costado al Brasil150 millones de dólares organizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se realizó en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio pasado. Representantes de 192 países se reunieron en esta ciudad, en el centro de convenciones Río Centro, para evaluar los logros y retrocesos que se han hecho después de 20 años de la creación de los llamados Acuerdos de Río, que se firmaron en 1992.

Paralelamente, se reunieron legisladores de 75 países (aunque no participó Bolivia) en el primer Congreso Mundial de Legisladores, que también se hizo en Río de Janeiro.

Y también se realizó la llamada “Cumbre de los Pueblos” en Aterro do Flamengo, a 80 kilómetros de donde estaban reunidos los tomadores de decisiones de Río+20, en las que los activistas, ONG’s y algunos movimientos indígenas protestaron desde el principio hasta el fin de la reunión principal por lo que consideraron negociaciones demasiado lentas primero, y resultados demasiado débiles después. ¿Qué ha dejado Río+20 para el planeta?

Alrededor de 45.000 personas participaron en este evento. El gobierno de Dilma Roussef ha dicho que compensará todas las emisiones de carbono que se han hecho con los vuelos aéreos de todos los que participaron, en proyectos de desarrollo limpio. Buena falta hacen estas actitudes cada vez que se realizan las cumbres mundiales sobre medio ambiente que dejan toneladas de deshechos, entre papel y vasos de plástico pero pocas decisiones con sustancia. 

Río+20 no ha sido muy diferente, aunque hay que destacar el papel de liderazgo de los brasileros, que han hecho buen uso de sus armas diplomáticas para disimular lo mejor posible que no se llegó ni a la mitad de lo que se esperaba.

Los primeros días, los negociadores tuvieron que ponerse de acuerdo en la creación de un borrador que luego firmarían los Jefes de Estado. Era sabido entonces que los días fuertes no iban a ser aquellos donde estuvieran presidentes y primeros ministros, sino en los que los negociadores se peleaban a gritos en la plenaria para dejar claros sus puntos de vista y sus reclamos.

Las negociaciones llegaron a un punto álgido cuando Estados Unidos habló de reemplazar el financiamiento acordado en cumbres anteriores para permitir la transición de los países en desarrollo hacia una economía limpia, por “caridad privada”. La reacción de varios países, entre ellos lo de la ALBA, fue de absoluta indignación, y sólo las maniobras diplomáticas del canciller Antonio Patriota,  presidente de Río+20, permitió que las cosas no llegaran a mayores. 

El tema de los subsidios fue otro punto difícil. 

ECONOMÍA VERDE 

En un principio el término de economía verde tenía protagonismo central en las negociaciones ocupando gran parte del borrador. La presión del bloque G77 y China, del que forma parte Bolivia, logró diluir su importancia, relegándolo a un acápite más, contrario a lo que deseaban la Unión Europea y los Estados Unidos.

La economía verde, tal cual estos países lo planteaban, significa gravar con un precio cada bien del capital natural de los países, dejando de lado las concepciones sociales y sociológicas que países como Bolivia por ejemplo tienen de la naturaleza.

Pero el concepto de economía verde no es nuevo; apareció ya en 1989 en el informe Our Common Future (Nuestro futuro común), elaborado para las Naciones Unidas en el que surgió por primera vez el término de desarrollo sustentable. A partir de allí y durante 20 años, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha trabajado el concepto hasta definirlo como: “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas”. 

Pero lo cierto es que, tal y como se lo quiere aplicar, adolece de muchas de las fallas que han hecho de la economía tal y como se la aplica actualmente, un sistema injusto, sustentado en la explotación de recursos naturales, que genera una fuerte acumulación de riqueza en los países desarrollados y una grave situación de pobreza en los países en desarrollo. 

Los economistas que manejan el tema de la economía verde, sostienen que el cambio climático podría frenarse a través de la utilización de instrumentos de mercado que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para ello debería crearse alguna forma de derecho negociable de emisión, que es a lo que apunta la creación de mercados ambientales. Pero nuevamente se estaría repitiendo el modelo del más pobre versus al más rico, y la transacción sería injusta basada en la acumulación, sin tomar en cuenta además, los otros valores no menos importantes que la naturaleza tiene en pueblos indígenas. 

La economía verde que debía ser la protagonista en Río+20, continúa basándose en el crecimiento económico y no toma en cuenta los verdaderos límites del planeta. Aunque abogue por modelos de desarrollo sostenible, obviamente necesarios, no es suficiente.

RESULTADOS DE RÍO+20

En la Cumbre de los Legisladores se acordó renovar los compromisos políticos y legislativos dentro de tres pilares, crecimiento económico, protección ambiental y justicia social. Además de reforzar, mediante leyes, el desarrollo sustentable. También se acordó hacer avances para determinar el Capital Natural de cada país e integrarlo dentro de análisis políticos y toma de decisiones.

Pero trasladar estos acuerdos a lo que terminó firmándose en Río+20 no será fácil. El documento final de la reunión llamado “El futuro que queremos”, fue aceptado a regañadientes por los 192 países, en él se reafirman los principios de la Convención de Río de 1992, incluyendo el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en cuanto a la contaminación, la reafirmación de avanzar en las metas de desarrollo sustentable, que es otro proceso que se realiza bajo el paraguas de la ONU para facilitar la movilización de recursos financieros destinados a objetivos de desarrollo sustentable, y la exploración de mecanismos que permitan a los países en desarrollo acceder a la transferencia de tecnología.

El principal resultado de Río+20, ha sido el plan para establecer objetivos de desarrollo sostenible (AGDR). El grupo G77 y China está convencido de que los objetivos deben incluir elementos sociales y económicos, incluida la financiación y transferencia de tecnología.

También se ha determinado que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el pariente pobre de las otras organizaciones de la ONU, recibirá un mayor presupuesto, más miembros,  y la capacidad para iniciar la investigación científica y coordinar las estrategias globales del medio ambiente. 

La poca claridad en la definición de lo que es economía verde para los países en desarrollo y los países desarrollados, determinó que esta fuera sólo considerada como una herramienta importante que los países podrán utilizar a discreción, adaptándola a sus necesidades e ideología.

Lo más esperanzador de esta reunión ha sido que los países en su conjunto han aceptado que se deben cambiar los patrones de consumo y producción para lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial. 

Pero nadie está dispuesto a comprometerse, y nadie quiere poner un centavo de más ni decir en qué va a contribuir. Este tema fue dejado a futuras negociaciones olvidando que el tiempo se acaba.

Las iniciativas más fuertes se hicieron fuera de las salas de negociación, en los pasillos, e incluyeron inversión en transporte público, compromisos adquiridos por las corporaciones y las estrategias acordadas por las ciudades y los órganos judiciales en la reducción de los impactos ambientales. Sin embargo el mundo entero sabe que no es suficiente. (Con datos de TWN, Proyecto Regional de Energía y Clima, The Guardian, Página 22). 

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