"Expresamos nuestro compromiso (…) para ofrecerle a Bolivia un horizonte democrático plural, alejado del autoritarismo y la corrupción", se lee en el documento.
Los expresidentes y jefes de partidos políticos resolvieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la intención del Gobierno de anular cuatro artículos de la Constitución Política del Estado y desconocer la voluntad popular del 21 de febrero de 2016.