Vaciaron CPUs de 14 equipos antes de allanar la Alcaldía

La Unidad de Transparencia de la Alcaldía y el Departamento de Sistemas vaciaron la memoria de 14 computadoras de la Dirección de Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría que adjudicó la compra de mochilas chinas, denunció ayer la concejal Rocío Molina (MAS) ante el Ministerio Público.

Molina se respaldó en la carta que 10 funcionarios de esa repartición presentaron a la directora de esa repartición, Andrea García.

La carta enviada por el director de Educación, Rolando Nogales, a la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, pone en conocimiento que funcionarios de otras unidades se llevaron 14 computadoras de la Unidad. Una vez devueltas, toda la información desapareció.

“En fecha viernes 6 de abril, de manera sorpresiva, se constituyeron en la Dirección de Desarrollo Humano, el director de Transparencia Max Rodríguez y el director de Sistemas, Marko Baskopé (…) quienes procedieron a realizar el retiro de 14 CPUs, correspondientes al personal de la Dirección de Educación (…) argumentando la presencia de virus en los equipos”, dice la carta.

Sigue: “En fecha lunes 9 de abril, se constituyó el personal técnico de Sistemas (…) a objeto de proceder con la devolución e instalación de los 14 CPUs (…) Este hecho lamentable viene generando grandes perjuicios (…) en virtud a que la información necesaria y valiosa de varias gestiones se encontraba almacenada” en las computadoras.

Finalmente indica: “Informar que la Dirección de Desarrollo Humano y el Departamento de Educación no procedió a recibir los equipos por encontrarse los mismo totalmente vacíos de información (…) Nos deslindamos de toda la responsabilidad que podría ocasionar este hecho”.

Esta carta está firmada por 10 funcionarios de la Unidad y fue presentada por la concejala Rocío Molina como un elemento probatorio adicional ante el Ministerio Público.

“Presento un documento que marca amedrentamiento y obstaculización de la justicia en la Secretaría de Desarrollo Humano. Ha llegado a mis manos esta carta y mi obligación es presentar ante la Fiscalía (…) De acuerdo a lo que dicen los funcionarios, las computadoras que la Fiscalía se llevó, en el allanamiento del 12 de abril, están vacías”, manifestó Molina, ayer.

El jueves de la pasada semana, tres representantes del Ministerio Público se hicieron presentes en la Secretaría de Desarrollo Humano con una orden judicial de allanamiento. Luego de más de una hora de intervención, se llevaron carpetas del proceso de contratación de las mochilas y computadoras.

Al día siguiente, también se allanaron las oficinas de la importadora, en el domicilio legal señalado en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), en la zona de Barrio Lindo de Santa Cruz.

En el lugar no encontraron a los propietarios, María René Ramírez y Juan de Dios Morales, pero se secuestraron computadoras y mochilas. Las mochilas fueron adjudicadas en enero de 2018 a la Asociación 26 de Febrero por 12,4 millones de bolivianos, pero presuntamente cuestan 2,7 millones.

Según el fiscal de Distrito, Óscar Vera, aún no se hizo la apertura de ningún elemento, pues se debe llevar a cabo en una “audiencia de apertura”, ante la autoridad judicial. Se prevé abrir tanto lo secuestrado en Cochabamba como lo de Santa Cruz en la misma audiencia, pero depende de la fecha de llegada de las pruebas.

Aún no puede manifestar si las computadoras estaban vacías o no. En caso de ser así, es un el delito de obstrucción a la investigación.

Transparencia

El director de Transparencia, Max Rodríguez, explicó que se llevó los CPUs con el fin de hacer un “back up” (copia de respaldo) de la información en cada equipo. Aseguró que es parte de sus atribuciones para investigar el hecho instruido por el alcalde José María Leyes.

“Se trata de actividad dentro de la investigación, hacer respaldos de toda la información. Es parte de nuestras atribuciones como Unidad de Transparencia. No es que las computadoras volvieran vacías, se tiene todo el ‘back up’ realizado en sistemas. Nunca se dijo que tuvieran virus”, manifestó.

NORMATIVA PROHÍBE MANIPULAR DATOS

El Artículo 157 del Decreto Supremo 0181 (Prohibición para los servidores públicos sobre el uso de activos fijos muebles de una institución), en su inciso e, señala: “Dañar o alterar sus características físicas o técnicas”.

Asimismo, en el inciso h, indica: “Sacar los bienes de la entidad o sin autorización de la Unidad o Responsable de Activos Fijos”.

Este hecho generó alta susceptibilidad entre los funcionarios de la Unidad, principalmente ante la denuncia de mochilas escolares.

OPINIONES

"Toda la información tiene un “back up” (copia de respaldo). Es parte de mis atribuciones para investigar como Unidad de Transparencia. Tengo 45 días hábiles para presentar un informe. El Alcalde me instruyó a pocos días de conocida la denuncia realizada por la concejal". Max Rodríguez. Dir. Transparencia Alcaldía

"Aún no hemos hecho la apertura de lo secuestrado, porque se debe hacer ante la autoridad jurisdiccional, en una audiencia. Ya hemos solicitado que se nos fije fecha para la audiencia de apertura. Estamos esperando la respuesta de la jueza". Óscar Vera. Fiscal de Distrito