Las casas que se ofertan en la Villa no tienen papeles al día
Los 672 departamentos que se ofrecen en el condominio La Tamborada, en la Villa Suramericana, aún no tienen papeles al día porque las formalidades y requisitos de construcción no están cubiertos, informaron los asambleístas departamentales, Freddy Gonzales y Lizeth Beramendi.
Entre los aspectos a regularizar están la aprobación del lote ante el municipio de Cochabamba. Luego, el anteproyecto de construcción y el anteproyecto de propiedad horizontal de los departamentos. Además de la aprobación de la altura de los 14 bloques, cada uno de 12 pisos, que, según la normativa municipal, no están permitidos en el Distrito 9 de Cochabamba, considerado una zona de vocación agrícola.
Los Tiempos intentó consultar cómo se regularizará el derecho propietario de los departamentos que se ofrecen como un plan de vivienda social con la responsable departamental de la Agencia Estatal de Vivienda, Noemi Bautista Chambi, pero sin éxito.
El asambleísta Gonzales manifestó que las construcciones se hicieron “fuera de toda norma y, con el pretexto de que eran para viviendas sociales, se omitió el cumplimiento de requisitos obligatorios como cualquier empresario o ciudadano que construye su vivienda”.
Beramendi añadió que el programa no puede entregar las viviendas “porque no tienen documentación al día”. Pero, también, porque no hay servicios básicos, como agua. Cuestionó: “¿Cuánto le va a costar a la gente llevar cisternas hasta ese lugar?”.
La Agencia Estatal de Vivienda lanzó el lunes un programa con crédito social en el condominio La Tamborada, construido en seis hectáreas cedidas gratuitamente por la Universidad Mayor de San Simón, en el ex-Fundo Tamborada, con la condición de que sean para casas sociales.
Gonzales dijo que pedirán un informe a la Agencia para que explique qué entiende por vivienda social, cuando fija como ingreso 7.100 bolivianos para acceder a un departamento.
SOLICITARÁN UNA AUDITORÍA
El asambleísta Freddy Gonzales manifestó que ante el costo de los departamentos de 51.500 dólares, su bancada resolvió pedir informes a la Agencia Estatal de Vivienda y solicitar una auditoría especial a la Contraloría General del Estado.
El propósito es establecer si el precio que se fijó de 235 millones de bolivianos para los 672 departamentos en 14 bloques es el adecuado, y si se cumplen los parámetros de construcción de viviendas sociales.
Los asambleístas consideran que el proyecto no cumple con su rol social, porque es posible hallar departamentos en el mismo precio en el centro de la ciudad.
