Dos bandos están tras las tierras de Albarrancho, pero niegan ataques
Detrás del conflicto por las 315 hectáreas de tierras en Albarrancho, uno de los últimos enclaves agrarios de la ciudad y que desde hace siete años intenta ser urbanizado, hay por lo menos dos grupos que se disputan la propiedad.
Sin embargo, ambos niegan ser los autores del ataque del viernes con dinamita, gases y machetes que dejó tres heridos y seis encarcelados.
Al respecto el representante de un sector, Carlos Olmedo, asegura tener la propiedad de las 315 hectáreas, al margen de las 50 de ex-Zofraco. Dijo, además, que cuenta con el registro en Derechos Reales y una sentencia del Tribunal Agroambiental que dispone que el saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) vuelva a “foja cero” y por lo tanto le reconocería su derecho propietario.
Luego, respaldado en la imputación contra los seis detenidos, responsabilizó de la agresión al grupo Orellana, conformado por comunarios que viven en la zona desde la Reforma Agraria, en 1954, y que reclaman al INRA la dotación de las tierras para 2 mil familias y desconocen la propiedad de los Olmedo.
Según una testigo, Claudia V. P., unas 300 personas ingresaron a la serranía e hicieron detonar dinamita en las casas. En eso vio a un hombre con polera roja que agarraba explosivos y corría detrás de la gente que escapaba hacia el cerro. “Esa persona encendió el paquetito y lo lanzó hacia la gente para herirla, en ese ínterin estalló la dinamita escuchando a una persona que lloraba de dolor”, le dijo a la Policía. Luego, aseveró haber visto a dos de los Orellana.
Por otro lado, Julia Orellana negó que su sector haya realizado el ataque y dijo que se trató de un caso armado para incriminarlos. Además, desconoce el derecho propietario de Olmedo y los tres sindicatos de cocaleros del Chapare, porque el 1 de marzo el INRA emitió medidas precautorias para realizar otro saneamiento.
Si los dos bandos niegan las agresiones, ¿quién tiene los recursos para financiar y movilizar a 300 personas? Se estima que el operativo costó unos 20 mil dólares, porque cada persona cobró 500 bolivianos. En tanto, las investigaciones dan cuenta de que la mayoría de los detenidos tiene domicilio en Quillacollo y Colcapirhua.
A ello se suma que los micros de la línea Q y trufis de Tiquipaya que trasladaron a la gente entraron por el botadero de Colcapirhua, que restringe el paso de motorizados. Finalmente, el grupo de Prensa de la Alcaldía de Quillacollo convocó a la conferencia de la dirigenta de las comunarios el lunes.
Sobre la presunta red de tráfico de influencias que facilitó el loteamiento, Carlos Olmedo dijo que no hará declaraciones sobre los audios que se filtraron hasta que la Fiscalía investigue el hecho.
Sobre la presunta red de tráfico de influencias, Olmedo dijo que esperará la investigación de la Fiscalía.
