La mayoría de las urbanizaciones de Tiquipaya incumple con cesiones
La ampliación de la mancha urbana, la expansión del sector inmobiliario y la ausencia de normas ponen en riesgo la vocación agrícola de Tiquipaya. La preocupación de los productores es creciente porque el municipio no tiene los mecanismos para exigir que se cumplan las cesiones de vías y áreas verdes.
Una muestra de esto es que la mayoría de los 70 condominios y urbanizaciones que se construyeron en los últimos cinco años en Tiquipaya, en los distritos 4, 5 y 6, no se basó en una normativa consensuada.
“Se está prácticamente relocalizando a los productores porque la gente que viene de la ciudad presiona a los agricultores para que dejen de trabajar la tierra”, señaló el presidente del distrito 6, Gerson Escalera.
Aclaró que los vecinos no se oponen al desarrollo de Tiquipaya, pero observan que la Alcaldía no regule las edificaciones y elabore una ley municipal que proteja a los agricultores que con esfuerzo forjaron para Tiquipaya el título de “capital de las flores”.
Por otro lado, la concejala Consuelo Gómez (Demócrata) lamentó que la resistencia de una parte de la población a las disposiciones, que promulgaron el exalcalde Saúl Cruz (MAS) y el alcalde Juan Carlos Angulo, ocasionó la anulación de los decretos 005/2014 y 056/2018.
El primero fue anulado porque se puso en vigencia antes de que el presidente Evo Morales promulgara el Decreto Supremo 2841, que reglamenta la Ley 803 y la resolución ministerial que homologan el radio urbano de Tiquipaya, explicó el concejal Roberto Gonzales (MNR).
“Cómo puede ser que antes de la madre nazca el hijo. Era incoherente, pero el exalcalde Cruz lo hizo así”, comentó.
Pese al rechazo de los pobladores, el Ejecutivo autorizó la construcción de alrededor 59 condominios. El accionar fue calificado de “ilegal, porque en más de una treintena de comunidades la cesión de vías y áreas verdes no se cumplió”.
Los dirigentes de los barrios afectados, a través de votos resolutivos, identificaron como responsables de estas “irregularidades” al exdirector de Urbanismo Doroteo Flores y al exasesor del alcalde, Julio Mercado.
Alcalde
“Las cesiones dentro de la normativa municipal son del 38 por ciento: 18 por ciento en vías y 20 por ciento en áreas verdes. Nosotros estamos haciendo cumplir eso”, señaló el alcalde Juan Carlos Angulo.
Ese porcentaje se aplica al área urbana. En cambio, cuando el propietario de un predio en zona agraria quiere fragmentar su terreno, la cesión es mayor: 50 por ciento.
En un recorrido realizado por este medio junto a un grupo de dirigentes por cinco urbanizaciones, se verificó que ninguna cumplió al pie de la letra con las cesiones.
La primera, denominada La Floresta, ubicada en la OTB Collpa Pampa, fue aprobada a favor de la Constructora y Empresa Concordia (Consarq) el 29 de mayo de 2015, a pesar de que las 47 hectáreas de tierra se encuentran en juicio con el mismo municipio y otras familias, según documentos del proceso.
“Pretenden dejar en la parte de arriba la cesión, cuando la norma dice que estos espacios deben ser las principales vías de acceso. Además, está prohibido que la Alcaldía autorice construcciones en terrenos que tienen conflictos por el derecho propietario”, observó un dirigente.
En tanto, en La Colonia, que se encuentra en la comunidad de Villa Oruro, se edificaron varias viviendas sin hacer la cesión al municipio.
Al respecto, técnicos de la Alcaldía afirmaron que existe una propuesta de una familia de anexar la urbanización con otro trámite colindante.
Cobro y reubicación
Lo que llama la atención es que se pretenda cobrar el 50 por ciento a la propietaria del terreno en compensación por no hacer la cesión para subdividir su lote, según un memorial presentado por los Villca a la Alcaldía en enero de 2018.
En la urbanización La Serena, el constructor de este condominio cerrado hizo la cesión en otra zona, pese a que ese aspecto no está previsto en ninguna ley. La edificación, además, se levantó ocupando dos metros de la calle principal, según los vecinos.
Mientras tanto, la urbanización Los Lagos optó por pagar el 38 por ciento del terreno que debía ceder sin que se sepa dónde fueron esos recursos que ingresaron a la Alcaldía de Tiquipaya.
Algunas personas de la zona relataron que saben que los recursos se depositaron a cuentas de la Alcaldía para que ésta ejecute proyectos en beneficio para este lugar, pero se desconoce la cifra y si se logró gastar todo.
En tanto, la urbanización Ohomoto, que está en la OTB Santiaguilla, logró que alcalde Juan Carlos Angulo autorice la edificación de 10 pisos en dos meses, cuando la altura de las edificaciones aún no se ha definido en el municipio.
“El proceso lleva años para un particular, pero para estas personas se hace en tiempo récord”, denunció la concejala Consuelo Gómez.
El presidente del distrito 5, Raúl Nogales, reconoció que los conflictos por las irregularidades que se detectaron en la aplicación de las anteriores normas generó molestia en los vecinos, por tal razón, se solicitó regular las nuevas urbanizaciones tomando en cuenta las inquietudes y necesidades de los vecinos.
Piden proteger zonas agrarias
El presidente del distrito 6, Gerson Caballero, explicó que la nueva norma que regule la construcción de condominios debe elaborarse respetando el plan municipal de desarrollo.
“Tiquipaya es ecológica y productiva. Eso es lo que tienen que reflejar las normas. Se debe proteger a los agricultores, eso implica que ellos deben pagar impuestos de acuerdo a sus ingresos”, aseveró.
Respecto a las cesiones, el dirigente afirmó que las cesiones tienen que emplearse en la ampliación de calles y la ejecución de proyectos sociales. “Si van a pagar en dinero, el monto debe ir para comprar predios en los que se va a hacer obras que vayan a beneficiar a la gente de la OTB, no a otro lado”, finalizó.
Opiniones
"Denunciamos al Alcalde por aprobar urbanizaciones con normas ilegales", Consuelo Gómez, concejala (Demócrata).
"Una comisión interinstitucional está trabajando en una nueva ley municipal", Juan Carlos Angulo, alcalde (MAS)
SEPA MÁS
Condominios sin plantas de tratamiento. Las urbanizaciones no cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas, pese a que se comprometieron a implementarlas.
Alertan de subida de impuestos. Vecinos de los distritos 5 y 6 denunciaron que desde que proliferan los condominios, pagan un 10 por ciento en tributos por bienes inmuebles.
Fijan fecha para avanzar con nueva ley municipal. La comisión interinstitucional que comenzó a trabajar en una nueva normativa para frenar la proliferación de construcciones ilegales se reunirá el 7 de abril. En la reunión se analizarán las necesidades de los vecinos afectados. Se prevé promulgar una ley consensuada hasta el año 2020.