Quillacollo cumple un año de vivir en incertidumbre por la corrupción
En un año, de junio pasado a junio de 2019, Quillacollo tuvo cuatro alcaldes —uno electo y tres designados— que profundizaron la crisis institucional de este municipio, que en 12 años ha tenido 14 munícipes, la mayoría terminaron con procesos.
En la última crisis se presentaron cinco procesos por presuntos hechos de corrupción que aceleraron el cambio de autoridades en la Alcaldía, indicaron vecinos y abogados.
La inestabilidad comenzó con la suspensión del alcalde electo Eduardo Mérida el 8 de junio de 2018. El Concejo designó a tres suplentes: Zacarías Jayta, Antonio Montaño y Willy López.
Primer caso
El abogado de Procesos Penales de la Alcaldía de Quillacollo, Ronald Rivas, mencionó que hacen seguimiento a 22 denuncias contra Eduardo Mérida (FVP), pero precisó que fueron tres casos los que complicaron su gestión.
“En dos ha recibido condenas de más de tres años”, señaló. La primera querella la interpuso en 2016 el presidente del distrito 2, Álvaro Zamorano, quien acusó al munícipe de falsificar el certificado de su libreta de servicio militar.
Segundo caso
El 15 de octubre de 2018, la jueza Sonia Zabala dispuso la detención del alcalde electo en la cárcel de Arani. El segundo, lo inició el pleno del órgano deliberante por el despido injustificado de funcionarios que gozaban de fuero sindical y son padres.
Tercer caso
La tercera demanda se denomina “audios” e implica a la autoridad en presuntos cobros de diezmos, cuoteo de cargos y otras irregularidades.
La imputación hizo que, el 8 de febrero pasado, el Alcalde suspendido fuera encarcelado por segunda vez en el centro penitenciario de San Pedro de Sacaba. La abogada de Mérida, Mary Luz Varas, sostuvo que la audiencia de juicio se reprogramó para el 20 de agosto por la ausencia de dos testigos.
“No asistieron Osman Ponce ni la señora Anelis Luanda. Se suspendió también porque la Fiscalía solicitó peritaje a las grabaciones”, acotó.
Varas indicó que apelaron las condenas y que su cliente, a la fecha, no cuenta con una sentencia ejecutoriada.
Mérida es investigado por cinco delitos: falsedad material, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, explicó Rivas.
Cuarto caso
El 24 de enero, dos exfuncionarios de la Alcaldía, Jesús Saldivar y Gerson Escalera, hicieron públicos siete audios que revelaban la existencia de una red de corrupción presuntamente integrada por el exalcalde suplente Zacarías Jayta y el expresidente del Concejo Víctor Osinaga, quienes realizaban cobros irregulares a empresas por la adjudicación de obras.
“La investigación está aperturada desde febrero. El Ministerio Público aún no ha evacuado la resolución de acusación formal”, informó el asesor de Despacho, Milton Soto.
Por el caso están con detención preventiva Jayta y Osinaga. En tanto, el alcalde suplente López y la concejala Juany Veizaga (MAS) sólo han sido citados a declarar. Se prevé que en agosto comience el juicio contra las exautoridades municipales.
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SEPA MÁS
Testigo denuncia falta de garantías
Gerson Escalera, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía, advirtió que la Fiscalía no brinda protección a los testigos de los casos y afirmó que sufre “acoso” permanente por haber declarado contra los exalcaldes Zacarías Jayta y Antonio Montaño, del FVP.
“Despidieron a Osman Ponce por ir a testificar en el caso de Montaño. Había cuoteo, él concejal iba personalmente a presionar”, comentó.
El pasado martes, el debate para suspender a Montaño comenzó tras la presentación de una nota de Ponce en la que denunció que se obstaculiza la investigación con su despido.
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En 4 meses el Concejo de
Quillacollo no pudo querellarse en el caso audios, que involucra a Jayta y a otros concejales, por falta de consenso en la directiva.
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La inestabilidad pone en riesgo los fondos para hospital de segundo nivel
El cambio súbito de alcaldes pone en riesgo el financiamiento para la construcción de un hospital de segundo nivel en Quillacollo. El monto supera los 105 millones de bolivianos.
El presidente del Control Social, Richard Fernández, señaló que el viernes vencía el plazo para que el municipio presentara al Viceministerio de Planificación un informe del lugar donde se tiene previsto emplazar la infraestructura.
“El distrito 4 tenía una propuesta, pero el predio que ofrecieron es de la Gobernación y requiere que la Asamblea Legislativa Departamental apruebe una ley para dar en comodato. Los exalcaldes Zacarías Jayta y Antonio Montaño no han hecho las gestiones”, manifestó.
Aseveró que el distrito 2 propuso que la obra se emplazara en una zona céntrica, pero la oposición de algunos vecinos frena que se viabilice.
Otras obras
Fernández lamentó que al menos 10 proyectos ejecutados con inversión del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” no puedan funcionar por falta de obras complementarias.
“Tenemos tres unidades educativas, la terminal, la casa del adulto mayor y el matadero como ejemplos”, agregó Fernández.
Asimismo, criticó que la inestabilidad no permita la gestión de obras de impacto, como un distribuidor vehicular, parques y mercados en beneficio de la población.
