Amparo determina desalojo de asentados en Andalucía
La Sala Constitucional No. 1 del Tribunal de Justicia dictó ayer una resolución que ordena el desalojo de los asentados en los terrenos de la urbanización de Colinas de Andalucía, en Sacaba, en el plazo de 24 horas.
El pasado 8 de mayo más de un centenar de personas ingresó a las Colinas de Andalucía alegando tener el derecho propietario y tomó de forma violenta tres terrenos. Los vecinos, con quienes disputan el derecho propietario, se mantuvieron en vigilia.
El martes se llevó a cabo la audiencia de amparo constitucional con ambas partes y tras una inspección a los terrenos realizada con los vocales de la sala se determinó por resolución ordenar el desalojo de los tres terrenos ocupados ilegalmente.
La abogada de los afectados, Verónica Rivas, explicó que la resolución además concede la tutela solicitada en referencia al derecho propietario a tres accionistas, medida determinada en contra de María Luz A. A. , Boris Apodaca y todas las personas que se encuentran en los lotes.
Esta resolución es de cumplimiento obligatorio. El miércoles a las 20:00 los asentados debían retirarse tras ser notificados en la audiencia.
Sin embargo, el apoderado de José Luis L. A., Boris Apodaca, indicó que no recibió ninguna notificación física, sólo verbal, y que permanecerán en los terrenos en disputa.
Se estaría incumpliendo la resolución de amparo constitucional y la sala remitirá antecedentes ante el Ministerio Público.
Además, Rivas señaló que el incumplimiento permite el desalojo acudiendo a la fuerza pública y que el lunes solicitarán la intervención para hacer efectivo el desalojo de los asentados.
UNA DISPUTA POR EL DERECHO PROPIETARIO
Según la documentación presentada por los presuntos avasalladores, las tierras están a nombre del mismo propietario que en 2011 fue expulsado, José Luis L. A., quien ahora le cedió un poder de 10 hectáreas a Boris Apodaca.
Alegan que la urbanización Colinas de Andalucía “es fantasma” y que su título ejecutorial pertenece a La Paz. Sin embargo, Verónica Rivas, aseguró que los 154 propietarios de Andalucía “tienen toda la documentación debidamente registrada en Derechos Reales”. Añadió que “existe un vacío jurídico”, porque ni el Ministerio Público ni el Tribunal Agroambiental tienen facultades para solucionar el conflicto, por ello acudieron a una vía idónea.
