Violación: niña de 11 años se somete a aborto legal y hay otro caso en Tolata
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) confirmó ayer que una menor de 11 años que quedó embarazada producto de una violación fue sometida a un aborto legal. En tanto, hay un segundo caso de otra niña de 13 años que también está en gestación a causa del mismo delito, pero aún está sometida a evaluaciones psicológicas y médicas.
Según el informe de la Policía, la menor de 11 años estaba en la séptima semana de embarazo, su hermanastro de 24 años la violó. El joven ya fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.
Este jueves a las 2:00, la menor fue sometida a esta intervención en una clínica de Sacaba. “Ella se encuentra estable y el ‘producto’ fue derivado al IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) para certificar la paternidad del acusado”, informó el director departamental de la Felcv, John Klaus Bermúdez.
Pese a que la menor ya fue intervenida, el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba, Carmelo Valencia, informó que ella aún estaba en una casa de acogida, que se evaluaba su situación y que se esperaba que la Fiscalía autorice el aborto. Sin embargo, la Sentencia
Constitucional 0206/2014 determina que “cuando el embarazo es producto de una violación, estupro o incesto, y pone en riesgo la vida y salud de la mujer, ella puede recurrir a una irrupción legal del embarazo, sin grandes complicaciones de trámite”.
Segundo caso
En Tolata, la Felcv registró el caso de una menor de 13 años que quedó embarazada producto de una violación. En la actualidad tiene cuatro semanas de gestación, sin embargo, aún no fue sometida a una intervención.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Tolata informó que aún evalúa la situación de la adolescente. “Hay que ver qué tiempo tiene y vamos a averiguar si se puede hacer la interrupción o no, depende de eso veremos si se procede o no”, dijo el responsable de la DNA, quien no quiso identificarse.
En ambos casos, las defensorías se constituyeron en parte denunciante, por lo que harán el seguimiento correspondiente.
El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, lamentó que en algunos municipios, sobre todo en los alejados, los responsables de la DNA no tengan conocimiento de las normativas legales que protegen la integridad de las víctimas de agresiones sexuales.
Recordó que para una interrupción solo se necesita una denuncia ante la Fiscalía y recalcó que ya no es necesaria una autorización judicial.
“No se puede permitir que se repita lo ocurrido en Santa Cruz y poner en riesgo la vida de la víctima”, manifestó.
“No se puede permitir que se repita lo ocurrido en Santa Cruz y poner en riesgo la vida de la víctima”.
170 INTERRUPCIONES EN LA GESTIÓN 2018
El delegado de la Defensoría el Pueblo, Nelson Cox, mencionó que la pasada gestión en todo el país se realizaron 170 interrupciones de embarazo a adolescentes de 14 años de edad. Estos datos fueron publicados por el Sistema Nacional de Información de Salud y Vigilancia Epidemiológica.
“En Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz se realizaron estos procedimientos, en Cochabamba son los dos primeros casos que tenemos registrados”, manifestó.
Cox explicó que un equipo interdisciplinario debe realizar un acompañamiento a la víctima tras la interrupción, esto para que la menor no se sienta culpable y que esto le provoque angustia y depresión. “El rol de las DNA es fundamentalmente el acompañamiento ante los episodios de violencia”, dijo.
