Aborto legal: Sedes pide orden judicial en embarazo avanzado
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Rodolfo Mena, aseguró ayer que para haber interrumpido el embarazo de 22 semanas de una niña de 12 años que fue violada en Tiquipaya, y que dio a luz luego de que un ginecólogo rechazó realizar el aborto, se necesitaba la orden de un juez. La justificación contradice la Sentencia Constitucional 0026/2014, que no establece la necesidad de una autorización judicial para este tipo de casos y tampoco define un límite en la edad de gestación.
La Sentencia Constitucional establece que se puede acceder “a la interrupción legal del embarazo, cuando exista una violación, incesto y estupro; esto a simple denuncia”. Sin embargo, cuando la menor realizó la denuncia, el 21 de marzo, ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tiquipaya, y posterior a ello acudió al hospital de ese municipio, el médico José Luis C. se negó a hacer el procedimiento, pero además persuadió a la familia para que la menor continúe con el embarazo, pese a ella no lo quería.
“El juez o alguien que tenga que determinar que se interrumpa el embarazo, que interrumpa la vida, entonces eso seguramente otro nivel es que le corresponde analizar, pero lo ideal sería que cuando ocurran estos hechos esa denuncia o la solicitud de procedimiento de interrupción se realicen antes de las 22 semanas porque el riesgo es menor, porque todavía es embrión suponemos que no tiene todavía vida”, dijo Mena.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, cuestionó que no se haya acatado la norma y al rol de la DNA, por no haber iniciado una acción penal contra el médico que rechazó interrumpir el embarazo. “En marzo rechaza hacer la interrupción, y hasta ahora no tiene un proceso penal, se lo debe procesar por incumplimiento de deberes e incumplimiento de sentencias constitucionales”, aseguró.
“Se lo debe procesar por incumplimiento de deberes”
¿OBJECIÓN DE CONCIENCIA?
La objeción de conciencia es una decisión personal, mas no una decisión institucional, y es obligación del director o jefe del servicio de salud garantizar la interrupción legal del embarazo dentro de las 24 horas próximas a la solicitud. Su incumplimiento conduce a responsabilidad civil, penal o administrativa a la autoridad del servicio de salud. (Reglamento del Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud).
DENUNCIAN A LA DNA DE MONTEAGUDO POR OTRO CASO
REDACCIÓN CENTRAL
La Defensoría del Pueblo inició ayer una investigación formal contra funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Monteagudo (Chuquisaca) por no actuar con celeridad para que se interrumpiera el embarazo de una niña de 12 años que fue violada y por no impulsar las investigaciones sobre lo sucedido.
El caso fue denunciado el 31 de mayo de 2019 ante la DNA de la localidad chuquisaqueña cuando la menor tenía 34 semanas de gestación. La Coordinación Regional de Monteagudo de la Defensoría del Pueblo exigió en esa oportunidad a las autoridades competentes iniciar los procesos investigativos para sancionar al autor de este delito y dar curso a la interrupción del embarazo en cumplimiento a lo establecido a la Sentencia Constitucional 0026/2014.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sin embargo, hasta la fecha no impulsó las acciones legales pertinentes. Debido a esto, el delegado defensorial de Monteagudo, Edwin Martínez, se reunió ayer con responsables de entidades de la protección de menores de edad y les exhortó a iniciar las investigaciones y asumir medidas de protección inmediatas a favor de la niña.
Martínez cuestionó también que no haya una investigación formal sobre el caso porque la Fiscalía ni esta instancia actuó de oficio.
La niña está internada en un hospital de Monteagudo, donde recibe los cuidados necesarios, ya que se encuentra en la última fase de su embarazo.
