Dan domiciliaria por inmunidad a Gómez y se investigará toda la red
El Juzgado de Instrucción Penal No. 2 de Quillacollo dispuso ayer la detención domiciliaria sin derecho al trabajo para el diputado Lucio Gómez, del MAS, tras ser imputado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y concusión por estar mencionado en el caso audios de corrupción, que se denunció en enero.
Una de las fiscales que indaga el caso, Faridy Arnez, informó que el Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas para el legislador, porque los artículos 151 y 152 de la Constitución Política del Estado, señalan “taxativamente que los asambleístas durante su mandato en procesos penales no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante”.
Con el fin de evitar la obstaculización del proceso, Gómez tiene prohibido acercarse a los testigos y a otros implicados. Además, debe pagar una fianza de 200 mil bolivianos y cumplir con un arraigo.
La audiencia de Gómez duró seis horas y se desarrolló en el Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 en medio de un fuerte resguardo policial.
La jueza también resolvió enviar con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de Sacaba al jefe de Personal de Salud, Osman Ponce. En tanto, dio medidas sustitutivas para el exdirector de Educación (de la gestión de Mérida) y fijó una fianza de 20 mil bolivianos para Noé Baspineiro.
Con el fin de indagar a toda la red que presuntamente cobró coimas a empresas e hizo un cuoteo político en la Alcaldía de Quillacollo, ahora los casos audios I y II se investigarán como uno solo, informaron fuentes cercanas al caso, que se declaró en reserva hasta el siguiente viernes.
El caso audios II surgió por una denuncia del 9 de enero del alcalde suspendido Eduardo Mérida (FPV) contra el exalcalde suplente Zacarías Jayta (aliado del MAS) y del expresidente del Concejo Víctor Osinaga (MAS).
A la fecha, hay 13 personas investigadas.
El caso audios I se reabrió en 2018 y se originó en la filtración de grabaciones sobornos de las empresas del desayuno escolar en la gestión de Mérida.
La red habría operado desde 2015 con Gómez, alcaldes, concejales, funcionarios, exfuncionarios y dirigentes.
Urkupiña
Tras conocer que los testigos del caso audios refieren que la presunta red pretende traficar con dinero destinado a la organización de la festividad de la Virgen de Urkupiña, miembros del comité interinstitucional afirmaron que fiscalizarán los gastos.
El presidente del Concejo Municipal, René Fernández, sostuvo que cada año la Alcaldía debe presentar un informe económico detallado de cuánto se recauda e invierte.
“Tiene prohibición de acercarse a los testigos y a otros implicados”, resaltó la fiscal del caso.
FISCALÍA UNE LOS CASOS AUDIOS I Y II
El Ministerio Público decidió investigar las denuncias de presuntos actos de corrupción en la Alcaldía de Quillacollo como un solo caso.
Aunque existen dos querellas que se iniciaron contra autoridades que se respaldan en audios I y II, ahora se unirán.
La primera involucra al alcalde suspendido Eduardo Mérida y fue denominada por el equipo jurídico del Ejecutivo municipal como audios I, porque la denuncia surgió antes que la denuncia contra Jayta, que se conoce como audios II.
APREHENDIDO MOVILIZA A FUNCIONARIOS DE ALCALDÍA
El jefe de Transportes de la Alcaldía de Quillacollo, Henry Crespo, fue aprehendido ayer en la Fiscalía Anticorrupción, luego de prestar sus declaraciones informativas por el caso audios de corrupción.
El trabajador municipal llegó acompañado por varios funcionarios y familiares, quienes subían y bajaban las gradas de la Fiscalía para conocer la situación legal de Crespo.
El procesado y sus acompañantes llegaron a la Fiscalía en horas de trabajo. La asambleísta departamental (Único) Lizeth Beramendi, criticó el actuar del funcionario.
A unas cuadras del lugar, se observó que un vehículo oficial de la Alcaldía daba vueltas por los alrededores de la Fiscalía. El motorizado fue visto también cuando el Ministerio Público allanó la casa del diputado del MAS Gómez.
Por otro lado, el fiscal Ricardo Arellano informó que en cinco días se logró aprehender a siete de las 10 personas que tenían orden de detención.
Reiteró que el caso continúa en reserva, por lo que no se pueden dar más detalles.
“Los mandamientos de aprehensión datan del viernes 26 de julio. El señor Crespo se presentó de forma voluntaria”, aclaró.
Aún faltan por ejecutar las órdenes de aprehensión contra Nedenka Mercado (secretaria de Grover Corrales), Ronald Carvallo (empresario) e Israel Aleluya (presunto cobrador y contratista).
