Pese a dictamen de la Contraloría, el proceso por el puente colapsado se dilata
Pese al dictamen de la Contraloría General del Estado que responsabiliza a la empresa Álvarez y al supervisor Nelson Vega por el colapso del puente Independencia y avenida 6 de Agosto, el 22 de octubre de 2015, el proceso legal se dilata.
De acuerdo con la auditoría a las especificaciones técnicas y la ejecución, los involucrados incumplieron con el contrato y realizaron un uso arbitrario de recursos del Estado, porque el puente colapsó a los seis meses de su entrega.
El dictamen pide que se exija el pago de 11,3 millones de bolivianos a los involucrados en 10 días hábiles a partir de la notificación; caso contrario, la Alcaldía deberá iniciar la acción coactiva fiscal sobre la base de los informes de auditoría.
Aunque el dictamen CGE/DRC/-017/2019 halló indicios de responsabilidad civil solidaria en la constructora y el supervisor, el abogado de la empresa, Jorge Iriarte, impugnó porque la máxima instancia de control omitió notificarlos previamente con el informe complementario.
“No sólo es un reclamo, sino que el Tribunal Constitucional ha determinado que la Contraloría tiene el deber de notificar con el informe y declara nulo el dictamen cuando no se ha notificado con el informe”, argumentó Iriarte.
La defensa de Álvarez invoca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0740/2015-S2, que confirma un fallo de 2014, que establece que “la falta de notificación con el informe complementario a los accionantes, lesiona el debido proceso y derecho a la defensa”.
En el presente caso, la Contraloría General del Estado notificó a las partes con el dictamen del 28 de junio el 2 de agosto y al mismo tiempo comunicó que el informe complementario “se encuentra a disposición del interesado en la Controlaría General del Estado”.
Ante esta impugnación, el contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, aseveró que la institución cumplió con la normativa. Siguió: “Los recursos que puedan existir los vamos a atender cuando seamos notificados y veremos el contexto en el cual se lo plantea”.
El concejal y procesado debido a que fue funcionario del municipio, Sergio Rodríguez, calificó de una buena noticia el dictamen, aunque sea luego de cuatro años. Sin embargo, exigió que el alcalde suplente Iván Tellería inicie el cobro de los 11,3 millones de bolivianos.
Los concejales, excepto tres del MAS, instruyeron ayer que la Alcaldía haga el cobro. El secretario general del municipio, Mario Olguín, dijo que lo harán según los plazos.
De acuerdo con Iriarte, el cobro no se podrá ejecutar hasta que el dictamen esté consolidado y un juez coactivo defina responsabilidades.
En tanto, el juicio penal contra siete involucrados tampoco avanza por la presentación de varios recursos.
DECLARACIONES
"Este dictamen obliga al alcalde suplente Iván Tellería a recuperar esa deuda de más de 11 millones de bolivianos. Tiene que exigir el pago al supervisor y la empresa, sino iniciar un proceso coactivo fiscal". Sergio Rodríguez. Concejal (MAS)
"No es una resolución determinativa, se trata de un dictamen que establece indicios de responsabilidad. Pero que no se ha notificado con el informe complementario, un formalismo, es nulo". Jorge Iriarte. Abogado de Álvarez
"Nosotros hemos cumplido con lo que establecen las normas de auditoría. Todo quien se cree afectado puede acudir a los medios legales; lo cierto es que nosotros hemos cumplido". Henry Ara Pérez. Contralor General Estado
