Jueza prohíbe a testigo clave del caso audios hablar con la prensa
La jueza cautelar María Teresa Apaza le prohibió ayer al testigo que destapó la corrupción en la Alcaldía de Quillacollo, Jesús Saldívar, dar más declaraciones a los medios de comunicación sobre las irregularidades, además dispuso su detención domiciliaria, arraigo y fianza.
El testigo clave del caso audios fue aprehendido el lunes tras el pedido que hizo el Concejo Municipal y un audio que entregó el Viceministerio de Transparencia a la Fiscalía, en el que Saldívar presuntamente negocia un soborno por la compra de sillones odontológicos para la Alcaldía en la gestión de Zacarías Jayta, en 2018.
Saldívar pasó de ser testigo clave a imputado por los delitos de concusión y uso indebido de influencias.
El procesado “tiene prohibido comunicarse con otras personas que están involucradas para evitar contaminar los testimonios y declaraciones que puedan brindar”, dijo el fiscal Ricardo Arellano.
Precisó que el imputado tiene arraigo, fianza de 20 mil bolivianos y no puede acercarse a instalaciones de la Alcaldía y el Concejo Municipal.
Saldívar es considerado testigo clave por revelar a través de grabaciones la existencia de una red de corrupción que operó en la gestión del exalcalde Zacarías Jayta (FPV y aliado del MAS) y del concejal Víctor Osinaga (MAS).
Arellano manifestó que el Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas a la detención, porque el exmensajero del secretario general, Grover Corrales, aportó información para identificar a otras personas que participaron en actos de corrupción, entre ellos el diputado del MAS, Lucio Gómez.
“Esta es una decisión autónoma que hemos asumido institucionalmente, no responde a la injerencia de ningún grupo u instancia de poder”, explicó Arellano.
En tanto, sólo esta vez el Concejo Municipal, presidido por René Fernández, apeló la detención domiciliaria de Saldívar. En cambio, en el proceso contra Corrales, alto dirigente del MAS, que se acogió a un proceso abreviado, no interpuso ninguna acción y aceptó la condena de cuatro años.
Tampoco cuestionó la detención domiciliaria del diputado Gómez.
Después de la apelación para agravar la situación de Saldívar, el asesor legal del Legislativo, Ronald Bernabé, dijo: “Seguramente la sala valorará este aspecto y determinará lo que en derecho corresponde”.
El 2 de septiembre, Saldívar presentó audios y denunció a los concejales de encubrir irregularidades y cobrar sobornos al aprobar la compra de la planta de asfalto por 11,6 millones de bolivianos, que ahora la Alcaldía pretende devolver a la empresa Vezla.
De enero a la fecha ninguna de las partes pidió que se convoque a las empresas que se beneficiaron con el direccionamiento de compras.
El testigo clave tiene prohibido contactarse con otros implicados y hablar del caso audios, informó el fiscal.
DEFENSA DE TESTIGO CUESTIONA FALLO
La determinación de prohibirle salir a trabajar y declarar sobre irregularidades en la Alcaldía de Quillacollo fue calificada de “excesiva” e “injusta” por el abogado del testigo clave, Royer Ramos.
“Estamos apelando, creemos que se está lesionando el derecho a la libre expresión de mi cliente. Eso más que coadyuvar obstaculiza que los medios hagan seguimiento del caso”, manifestó el abogado.
Ayer, en la audiencia en medio de lágrimas, Saldívar dijo que no se retracta de haber denunciado los actos de corrupción y aclaró que en ocho meses voluntariamente se presentó en varias oportunidades ante la Fiscalía para aportar pruebas.
