Grupos de choque dañaron al menos ocho estructuras en siete municipios
Los grupos de choque que operaron durante los conflictos en Cochabamba en la última semana en protesta por la renuncia del presidente Evo Morales en medio de un escándalo de un fraude electoral dañaron al menos ocho infraestructuras públicas en siete municipios.
El principal blanco de estos grupos de choque fue la Policía, porque atentaron contra los comandos policiales de los municipios de Villa Tunari, Bulo Bulo (en Entre Ríos), Shinahota, Sacaba y la Estación Policial Integral (EPI) del Sur, en Cochabamba, dejando severos daños estructurales y policías heridos.
Los grupos también atentaron contra el retén de Aguirre, en Colomi, que quedó destrozado y sin resguardo policial.
Una semana atrás un grupo de manifestantes denominado la Resistencia destruyó el edificio de la Alcaldía de Vinto y humilló a la alcaldesa Patricia Arce.
La cuantificación de estos atentados aún no fueron realizados, explicaron algunos funcionarios ediles de Vinto, Sacaba y Cercado.
“Primero haremos el inventario de los activos que se quemaron, luego veremos cuánto es el daño que se hizo al municipio”, dijo el secretario administrativo y financiero de Vinto, Renán Luján.
El concejal de Sacaba, Herlán Ramírez, señaló que aún no hicieron la cuantificación de los daños que los grupos de choque ocasionaron al municipio, tras la quema del comando policial.
El atentado contra la EPI del Sur no sólo causó daños a los servicios policiales, sino también a las oficinas de la Defensoría de la Niñez, el Departamento de Personas con Discapacidad y Adulto Mayor que funcionaban en esos ambientes, informó la directora de Género y Generacional, Carolina Orías.
Ayer, se procedió a retirar los pocos equipos y muebles que se salvaron del incendio.
EPI SUR COSTÓ BS 18 MILLONES
La construcción de la Estación Policial Integral (EPI) del Sur en Cochabamba demandó una inversión de más de 18 millones bolivianos. Fue construida en 2014 durante la gestión del alcalde Edwin Castellanos.
En el lugar se edificaron también oficinas para la Defensoría de la Niñez, los Servicios Legales Integrales (SLIM) y fue equipada con una cámara Gessel, que era una habitación especial donde las víctimas de violencia realizaban sus declaraciones una sola vez y sus testimonios podían ser remitidos a las instancias correspondientes.
También existían ambientes para el personal del Servicio General de Identificación Personal (Segip), entre otros.
