Concejo pide informes sobre cámaras y asambleístas denuncian a fiscales del caso
Ante la reciente aparición de una nueva imputación de 2019 en contra del alcalde José María Leyes por la compra de cámaras de seguridad por 69 millones de bolivianos en 2018, el Concejo Municipal pedirá informes a la Fiscalía para saber el estado de este proceso.
Los concejales cuestionan que, a más de un año desde la imputación, aún no se haya fijado una fecha para la audiencia de medidas cautelares, en la cual los fiscales iban a pedir la detención preventiva.
La imputación es por la presunta comisión de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos y conducta antieconómica.
El Alcalde evitó referirse al tema limitándose a decir que los datos publicados sobre la imputación eran erróneos y pidió revisar la fecha. Luego, uno de sus asesores evitó que se le hagan más preguntas.
La denuncia de las cámaras fue presentada por el entonces viceministro de Transparencia, Diego Jiménez. La exautoridad advirtió irregularidades y estimó un daño de 29 millones de bolivianos.
Por otro lado, ayer los asambleístas Lineth Villarroel y Freddy Gonzales (Demócratas) presentaron una denuncia por incumplimiento de deberes en contra de los fiscales que indagaban este caso por no cumplir con los tiempos procesales y dilatar el proceso.
La imputación se presentó contra Leyes, el exsecretario de Finanzas Diego Moreno, el exsecretario de Desarrollo Humano Andrés Cuevas, la exdirectora de Seguridad Velka Krellac y otros 11 funcionarios.
Nueva denuncia
Según el contrato para la adquisición de equipamiento para el proyecto “Cochabamba Ciudad Segura”, que el municipio hizo mediante contratación directa con Huawei Technologies (Bolivia), los funcionarios aplicaron el inciso i) del parágrafo 1 del artículo 72 del Decreto Supremo 181; sin embargo, el Estado no atravesaba una emergencia de seguridad pública.
El artículo citado del DS 181 señala: “Causales para la contratación directa de bienes y servicios; la contratación directa (…) procederá en los siguientes casos (i) Transporte para tropa de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas cuando se requiera enfrentar las emergencias de seguridad pública del Estado”.
