Rechazan amparo de ejecutivos sentenciados en el caso Misicuni
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de Cochabamba denegó este jueves el amparo planteado por la defensa de oficio de los ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, sentenciados en 2017 por armar un consorcio ficticio para adjudicarse las obras de la represa Misicuni.
Con este último recurso interpuesto pese a existir una sentencia ejecutoriada por la comisión de los delitos de incumplimiento de contrato y conformación de sociedades ficticias, la defensa pretendía revertir la condena de ocho y seis años en contra los seis representantes del consorcio.
Los abogados de la defensa de oficio del consorcio, Agnetha Miranda y Marco Antonio Ramírez, denunciaron la presunta vulneración de derechos a la Sala Constitucional Segunda, porque los procesados fueron notificados por edicto.
Al respecto, la empresa Misicuni informó que los procesados no se sometieron al proceso.
Misicuni expresó en su comunicado que “en un acto premeditado los cuatro ciudadanos extranjeros (Julio Espinel, Eduardo Gómez, Raúl Magnioni y Francesco Senis) y los dos bolivianos (Martín Rovira y Raúl Nemtala) se fugaron del país”.
La Sala Constitucional denegó el amparo planteado por la presunta vulneración de derechos de los procesados, entre ellos a la debida defensa, así como por la presentación de incidentes durante el proceso que comenzó en 2013, luego, de la resolución de contrato por 89 millones de dólares.
La Empresa Misicuni comunicó a la opinión pública que la audiencia se realizó con la participación de los abogados de la Gobernación, la Empresa Misicuni y el Ministerio Público para “defender los intereses del departamento de Cochabamba logrando que se haga justicia”.
La Empresa Misicuni resolvió el contrato con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni en 2013 por falta de solvencia económica, lo cual derivó en un retraso en la entrega de la represa y su posterior adjudicación a la empresa china Camce para la finalización de los trabajos.