El GIEI investigó tres muertes y más hechos violentos aparte de Sacaba
A dos años de la crisis de noviembre de 2019 aún siguen apareciendo hechos oscuros y muertes clandestinas que poco o nada se han investigado. El GIEI en su informe sobre los acontecimientos violentos en Cochabamba investigó tres decesos aparte de los 12 de Huayllani, en Sacaba.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que llegó a Bolivia para investigar la violación de derechos humanos en 2019, durante el conflicto político que alejó a Evo Morales del Gobierno, concluyó en su informe que Cochabamba fue una “espiral de violencia”.
Los expertos observaron deficiencias en la investigación de la Fiscalía respecto a las muertes de Limbert Guzmán, Miguel Ledezma y Juan José Mamani, durante los enfrentamientos entre civiles y fuerzas conjuntas (ver infografía).
Tres muertes
Limbert Guzmán Vásquez (20) falleció el 6 de noviembre de 2019 en el puente Huayculi, en Quillacollo. Era estudiante de colegio.
Murió por el estallido de material explosivo. El peritaje detectó presencia de nitratos y nitritos en sus manos.
Existen distintas versiones sobre su muerte y la RJC detuvo a cuatro personas afines del MAS, de las cuales tres fueron investigadas por la Fiscalía como las presuntas responsables del hecho.
Sin embargo, un testigo dijo que la víctima estaba delante de la línea de fuego de la RJC en Huayculi . Sostenía un explosivo que iba a lanzarlo hacia los afines al MAS, pero algo falló y explotó la bazuca.
“El GIEI estima que su muerte no se produjo por agresiones, sino que fue el resultado de un accidente por el uso de una bazuca”.
Miguel Ledezma González (24) falleció el 11 de noviembre de 2019 en la quema de unidades policiales en Sacaba y los enfrentamientos en el puente de Huayllani. Era técnico en celulares.
Un testigo dijo que fueron al puente para tratar de desbloquear, pero aparecieron otros jóvenes que no conocía.
“Estaba oscuro, de repente ha comenzado a gritar de dolor, cuando lo vi tenía heridas de bala y estaba tirado en el piso”, relató al GIEI.
El informe policial da cuenta que: “El hecho se habría suscitado durante los enfrentamientos entre el grupo que se encontraba realizando actos vandálicos, tales como quema del comando, tránsito y pretendía trasladarse a la EPI Huayllani, por lo que se había enfrentado con la Policía y un grupo de personas que realiza el bloqueo”.
El GIEI observó deficiencias en la investigación. Concluyó que la víctima falleció por cinco impactos de bala.
Juan José Mamani Larico (33) murió el 12 de noviembre de 2019. Era instalador de cámaras.
Se aproximó al cabildo de la avenida Petrolera y fue detenido por la Policía con violencia. Luego fue entregado a los militares que lo llevaron a las unidades policiales.
Sin embargo, Larico fue presentado como un miembro de la RJC y que falleció por las agresiones de afines del MAS. Según el GIEI, él no pertenecía a esa organización.
Falleció por sofocación cuando era trasladado por los militares a la policía en un camión hacinado. Llegó sin vida al Viedma. La autopsia se realizó de forma superficial y la Fiscalía cerró el caso.
El GIEI concluyó que es deber del Estado dar una reparación integral y simbólica a las familias de las víctimas. Además, observó que “terceros actores se apropiaron de la narrativa de las muertes de sus seres queridos con fines políticos”. Cuestionó que no se haya protegido a la población.
DATO
Casos poco investigados
Los expertos del GIEI concluyeron que las muertes quedaron en la impunidad por falta de una investigación adecuada.
LA QUEMA EN SAN PEDRO Y EL PUEBLITO
Casi un año después de la quema del cerro San Pedro en el enfrentamiento entre sectores afines al MAS y contrarios, la Fiscalía cerró el caso por “falta de pruebas”.
En tanto, que los destrozos ocasionados en El Pueblito, por la Muyurina, durante el conflicto entre afines al MAS y presuntamente integrantes de la RJC, que los perseguían, quedaron sin investigarse.
PROCESAR A LA ALCALDESA DE VINTO COMO VÍCTIMA Y ACUSADA ES “INCONGRUENTE”
REDACCIÓN CENTRAL
El informe del GIEI revela que la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce (MAS), durante la crisis de noviembre de 2019, intentó refugiarse en una iglesia tras ser alertada de que la culpaban de la muerte de un joven de la RJC en Quillacollo, pero fue interceptada por una turba.
Fue obligada a caminar descalza mientras era agredida constantemente.
“Casi llegando a Quillacollo apareció una mujer que se acercó, la golpeó y le cortó el cabello”, consta en el informe. Luego otra mujer le volvió a cortar, le echó pintura roja y pedía que le prendan fuego, porque estaba impregnada de gasolina.
La Fiscalía abrió una investigación por tentativa de homicidio y privación de libertad. En marzo de 2020 se emitió una imputación contra cuatro sospechosos. En febrero de 2021 se envió el caso al Juzgado de Sentencia de Quillacollo para que fije fecha de juicio oral.
Sin embargo, mientras el caso se investigaba se presentó una denuncia contra Arce por un presunto autoatentado, que sostenía que la alcaldesa había planeado su propia agresión.
La Fiscalía inició una investigación por uso indebido de bienes del Estado, sedición y autolesión.
El GIEI concluyó que “la doble calificación de víctima e imputada por los mismos hechos es incongruente y vulnera los derechos de la víctima”. Y observó que el caso no se investigó por tortura ni se dio con todos los autores.
