Los quillacolleños avizoran crisis de inestabilidad por denuncias y pugna
Ante la denuncia presentada por cuatro concejales en contra del alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, por la remodelación de la plaza Bolívar, vecinos de diferentes barrios avizoran una nueva crisis municipal.
La denuncia, además, revela que existe una pugna en el Concejo Municipal, según un sondeo realizado con algunos vecinos.
“Se nota que los concejales están queriendo desestabilizar la gestión de Cartagena. Lamentablemente, eso va a terminar perjudicando las obras en los barrios y distritos”, indicó una vecina, María Céspedes.
En tanto, Dayana Almaraz dijo que la denuncia “huele a pasanaku de alcaldes”, a división y peleas internas entre legisladores de la agrupación UNE y del MAS.
“El Alcalde se equivocó al elegir a sus acompañantes, debería rodearse de gente leal y funcionarios capaces. Lamentablemente, está empezando a desgastarse en tan poco tiempo”, comentó Diego Panozo.
Proceso
La inspección y el registro fotográfico que hizo el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en presencia de los concejales denunciantes el lunes alarmó a la población, aunque algunos aseguran que era predecible por la composición del Concejo.
Actualmente, Quillacollo cuenta con cinco concejales de UNE, cinco del MAS y uno de Súmate, situación que en ocasiones complica la aprobación de proyectos porque para encaminarlos se requieren consensos, según las opiniones recogidas en el sondeo.
En ese contexto, Cartagena calificó la denuncia en su contra por el mejoramiento de la plaza principal como “estrictamente política” y señaló que los concejales que apoyan el proceso lo hacen por “apetitos personales” porque no existen pruebas.
“No tienen prueba preconstituida, tomando en cuenta que para presentar una denuncia en el área civil, penal o administrativa tiene que haber auditoría interna o externa; no hay tal. Esto se está basando en suposiciones con la única finalidad de crear inestabilidad política y administrativa como se ha vivido en los últimos 14 años”, remarcó.
La denuncia en contra de la autoridad edil fue admitida por el Ministerio Público el 29 de agosto a denuncia de los concejales Javier Meneses y Marcelina Zamorano, de UNE, y de Ximena Guzmán y Maribel Muriel, del MAS.
Ayer se tenía programada la declaración de Cartagena ante la Fiscalía, pero esta actuación fue postergada a solicitud de la autoridad y por el cambio de fiscal.
El Alcalde aseveró que su apretada agenda le obligó a pedir una reprogramación, aunque dejó claro que está dispuesto a declarar y facilitar toda la documentación del proceso administrativo que se siguió para ejecutar la remodelación de la plaza. Aún se desconoce la nueva fecha de la declaración. Los concejales denunciaron presunto incumplimiento de deberes.
Concejales niegan persecución
El concejal Javier Meneses (UNE) y Ximena Guzmán (MAS) señalaron ayer que la denuncia contra Cartagena no es política porque fue interpuesta por las dos bancadas y la falta de información detallada sobre la contratación del personal que ejecutó los trabajos del proyecto y otros aspectos administrativos.
Guzmán explicó que llama la atención que se hable de un remanente de 600 mil bolivianos, después de hacerse pública la denuncia de presunto sobreprecio e incumplimiento de deberes.
Mientras tanto, Meneses negó estar detrás de la silla edil y puntualizó que denunció por su rol de fiscalizador.
