La Policía resguarda la Hacienda Angostura y gestionan demolición
La Hacienda Angostura o Canelas, en el valle alto, continuará con resguardo policial, tras el desalojo ejecutado el jueves para retirar a 70 avasalladores, con el propósito de evitar que retornen, porque las casas clandestinas no fueron demolidas.
“Precisamente para prevenir (que los avasalladores retornen), hemos dispuesto que todos los días va a haber resguardo de 100 policías, distribuidos en turnos”, informó ayer el comandante de la Policía, Erick Holguín.
Una de las propietarias de la Hacienda Canelas, donde está la lechería Angostura, indicó ayer que gestionarán la demolición de al menos 70 construcciones ilegales en los terrenos agrícolas.
“Pido a las personas que recojan las pocas cosas que tengan, porque, caso contrario, vamos a meter tractor y volverlo agrario como era y volver a sembrar”, declaró.
El caso de la Hacienda Angostura es parte de las 100 denuncias que recibió la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC). Por ello, se conformó una asociación (ASPA) para que las víctimas defiendan sus derechos.
Un día después del desalojo, las casas clandestinas ya no tenían las notificaciones que dejó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Se sospecha que las retiraron las cinco personas que fueron detenidas cuando pretendían volver a entrar y que ahora enfrentan una denuncia por avasallamiento en la Fiscalía de Tarata.
La propietaria volvió a destacar el trabajo policial con la movilización de 500 uniformados para el desalojo. El operativo fue el primero en realizarse en Cochabamba, después de la determinación del Gobierno de luchar contra los avasallamientos y sacar a los ocupantes del predio Kim, en Santa Cruz.
Canelas recordó que la hacienda es invadida desde hace más de dos años, pero el grupo desalojado, “totoreños”, ingresó en abril.
“Después de varios meses que pedimos al INRA y a la Gobernación que intervengan al fin se realizó. Si se lo hacía a tiempo, hubiésemos evitado tanto despliegue, se evitaba todo eso”, indicó.
El director departamental del INRA, Armando Mita, explicó el jueves que el derecho propietario de las 58 hectáreas está a nombre de la familia Canelas de acuerdo a la Resolución Suprema 16129 de 2015, por lo que hizo cumplir el desalojo.
Recuento de la crisis
Canelas recordó que la pandemia, la falta de alimento, el ingreso de los avasalladores, el tapado de los canales de riego y la pérdida de terrenos cultivables fueron las causantes de la crisis en la hacienda. Sólo este año la hacienda perdió 31 reses.
Tras la aprehensión de los cinco sospechosos, dijo que se los denunciará no sólo por avasallamientos, sino por daños ambientales. Asimismo, reveló que entre las cabecillas existen personas que tienen varias denuncias por tráfico de tierras, pero están libres. Por eso que la investigación continuará hasta dar con su paradero.
Aseguró que analizarán la manera de cercar el terreno para evitar que otros avasalladores nuevamente aparezcan.
Sugerirán ley y “mano dura”
La diputada Pamela Terrazas de la Comisión de Tierra y Territorio de la Brigada Parlamentaria dijo ayer que ante las denuncias de avasallamientos que se registran se enfocarán en una ley o ajustes a las actuales normativas para sancionar con “mano dura a los verdaderos loteadores”.
“Vamos a enfocar una ley específica para revisar algunos artículos, necesitamos enfocarnos en una ley y vamos a priorizar que se dé mano dura a los loteadores.
Pidió a la población ser cautelosa al momento de realizar la compra de un terreno y dudar si no cuentan con derecho propietario para evitar lo sucedido en la hacienda y otros predios.
