Avasallamientos se extienden a cinco regiones y no se cumplen los desalojos

Los avasallamientos de tierras agrícolas, productivas y privadas en Cochabamba se extienden a las cinco regiones del departamento, mientras las órdenes de desalojo y medidas precautorias no se cumplen.

La falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema agravó los conflictos, especialmente en la región metropolitana, que abarca desde Sipe Sipe hasta Sacaba, donde en los últimos meses la toma violenta de predios dejó al menos una docena de heridos por armas de fuego, según los afectados.

Otra zona crítica golpeada por la toma ilegal y violenta de tierras es el valle alto, de acuerdo a las víctimas.

Ante esta situación, cada vez son más las comunidades que se organizan para resguardar sus predios. Éste es el caso de Cotapachi, en Quillacollo, donde los pobladores de siete sindicatos agrarios se mantienen en alerta por la falta de resguardo policial. La medida se da luego de que un grupo de avasalladores intentó apoderarse de 1.039 hectáreas de tierras agrarias.

El secretario ejecutivo de la Central Regional de Cotapachi, Lucio Padilla, informó que la defensa comenzó en junio de 2023, pero el punto más álgido se vivió en agosto debido a que ocho comunarios fueron heridos con proyectiles de armas de fuego.

“Por ese hecho han sido detenidas preventivamente en la cárcel 13 personas, pero algunas ya han salido con medidas cautelares. Nosotros, como comunarios, estamos haciendo seguimiento para que se nos respete y no vengan a dispararnos de nuevo”, dijo.

Padilla sostuvo que las “tierras colectivas” se encuentran en proceso de saneamiento interno en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se prevé que la titulación se concrete en los próximos meses, previa a una socialización de los avances.

“Sacar a los avasalladores nos ha costado. Hemos hecho vigilia, un compañero incluso terminó con la pierna mutilada, pero también nos ha unido más como central y, en el último ampliado de la provincia Quillacollo, hemos resuelto que bajo ninguna circunstancia se va a permitir avasallamientos al sector agrario”, afirmó.

Cerro de Cota

Otra área en conflicto es la serranía de Cota, donde proliferan construcciones de todo tipo y enfrentamientos entre comunarios y loteadores. La cima del cerro, el punto tripartito entre los municipios de Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe se convirtió en escenario de peleas constantes, a pesar de que en tres oportunidades se logró concretar operativos de desalojo.

Uno de los propietarios, Gualberto Mercado, manifestó que los avasallamientos orillaron a los dueños a buscar apoyo en los vecinos de barrios colindantes debido a que si bien se logró demostrar la legalidad del derecho propietario en instancias judiciales es complicado lidiar con los ataques armados de más de 300 personas que intentan tomar las tierras por la fuerza.

Apuntó que detrás de la invasión hay líderes que intentan consolidar asentamientos ilegales en la zona sur de la ciudad de Cochabamba como es el caso de Caico. 

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Ángel Quispe, mencionó que a la fecha como organización recibieron 300 denuncias de avasallamiento a tierras productivas, fiscales y áreas verdes. 

Cuestionó que, pese a la conformación de una comisión interinstitucional para investigar y atender las denuncias, desde 2022 a la fecha las víctimas sigan peregrinando para que las autoridades nacionales, departamentales y municipales desalojen a los avasalladores. 

Quispe afirmó que la falta de respuestas de las instituciones obliga a las víctimas a buscar otros mecanismos para defenderse. 

“En algunos casos son los mismos jueces los que quieren que los dueños concilien con los avasalladores con el pretexto de que hay construcciones”, denunció.

Operativos

El dirigente de la Fedjuve puntualizó que otro aspecto que llama la atención es que desde hace dos años el INRA ya no ejecuta operativos de desalojo para hacer cumplir las medidas precautorias en tierras en conflicto. 

El trámite de saneamiento no se puede concluir, porque se aguarda algún fallo del Tribunal Agroambiental o del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).