La Gobernación, agobiada por deudas y recortes pese a tener Bs 997 millones
Aunque la Gobernación de Cochabamba tiene registrado un presupuesto de más de 997 millones de bolivianos para este 2024, las deudas, los recortes y la transferencia de numerosas competencias, como el pago de suplementos, ponen en riesgo su funcionamiento. (Ver infografía)
La reducción de los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los retrasos en los desembolsos de recursos programados por parte del Gobierno nacional agravan la crisis financiera de la institución, según las autoridades departamentales del oficialismo y de la oposición.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Juan Carlos Irahola, indicó que el recorte presupuestario preocupa, porque cada año es superior al proyectado. Esta situación impide atender las necesidades de las 16 provincias.
Detalló que, en 2019, la Gobernación contaba con un presupuesto que superaba los 1.400 millones de bolivianos, pero esta gestión la cifra no llega ni a mil millones. Estos datos evidencian los recortes.
“Este último año, hubo un recorte de más de 100 millones, eso está afectando la funcionalidad. Por la falta de recursos, no estamos pagando los prediarios ni cumpliendo con otras obligaciones que el Estado nos asigna”, dijo.
El secretario general de la Gobernación, Eduardo Camacho, informó que se adeudan Bs 4 millones por prediarios a reclusos y por servicios básicos de la institución.
“No hemos podido pagar los prediarios desde los meses de mayo, junio y julio, porque no hemos recibido la transferencia del nivel central de una fuente de financiamiento que es el de compensación. Deberíamos recibir 48,8 millones de bolivianos”, remarcó.
Explicó que ya se hicieron varios ajustes, pero la falta de liquidez complicará la atención a los reos y otros sectores.
“Estamos preocupados porque también se tiene que pagar los bonos de vacunación al personal de salud, pero no hemos recibido ni un centavo. Se están haciendo modificaciones presupuestarias, pero eso no es una solución”, afirmó.
Riesgo
El gobernador Humberto Sánchez señaló que la institución está al límite y podría cerrarse en septiembre por la falta de liquidez. En medio de este contexto, surgen la pregunta de ¿cómo llegó a esta crisis la Gobernación?
Para la asambleísta de Súmate Enrique Siles, la solución pasa porque el Gobierno nacional haga una redistribución de recursos económicos, porque de los Bs 997 millones más de la mitad son fondos administrativos destinados a salarios de salud, gestión social y educación. El resto va a proyectos viales y de riego.
Similar es la postura del secretario departamental de Finanzas, Pedro Carvajal, quien informó que la Gobernación sólo administra alrededor de 370 millones de bolivianos del presupuesto. El dato fue difundido durante la rendición inicial de cuentas en marzo. De momento, se desconoce cuándo la Empresa Misicuni comenzará a pagar su deuda a la Gobernación.
Deudas
Carvajal advirtió que el débito de Bs 65 millones por la deuda de la construcción de la represa de Misicuni, la ampliación de servicios de salud y el funcionamiento del hospital de tercer nivel de Villa Tunari dificultan la inversión en otros proyectos.
El 67% de la inversión que hace la Gobernación va al sector agropecuario, el 21% a caminos y el 12% a salud, según la Fundación Jubileo.
Ajustes
Ante la crisis, el secretario de Planificación, Guillermo Bazoberry, adelantó que se realizan estudios para adecuar la estructura organizacional de la institución y evaluar la posibilidad de redistribuir el trabajo entre los funcionarios. Asimismo, dijo que se evalúa monetizar algunos residuos mediante una subasta.
“Tenemos una gran cantidad de chatarra y vehículos que están sin uso. Entonces, se podrían tener algunos recursos”, puntualizó.
Bazoberry sostuvo que otra alternativa que se analiza para reducir gastos es entablar conversaciones con ENDE y el Ministerio de Medio Ambiente para que de alguna forma ser compensados por la inversión que se hizo en la presa de Misicuni, cuya deuda se debita cada año.
Sánchez planteó priorizar la elaboración y la aprobación de un estatuto para dejar de depender del nivel central.
