UE endurece las normas que rigen a las calificadoras
Estrasburgo |
El pleno del Parlamento Europeo (PE) cerró ayer filas ante las calificadoras al aprobar regulaciones que limitan la dependencia que de ellas tienen los inversores como quedó patente en la crisis de la eurozona. Así, los inversionistas podrán responsabilizar a firmas como Moody’s, Fitch o Standard & Poor’s, por errores en sus calificaciones.
En el caso de que la calificación fuera equivocada acerca de una empresa o país, podrán efectuarse reclamaciones ante tribunales por indemnizaciones debido a pérdidas. Esta medida incluye el caso de errores por negligencia o intencionalmente.
Los eurodiputados dieron ayer el visto bueno por amplia mayoría con 579 votos a favor, 58 en contra y 60 abstenciones, y aunque sólo resta la aceptación de los miembros de la Unión Europea (UE), las fuentes afirman que ya es sólo cuestión de trámite y que la nueva regulación podría entrar en vigencia en marzo o abril de este año.
Entre las nuevas obligaciones que tendrán que asumir estas entidades para aumentar su transparencia y responsabilidad está la de anunciar previamente cuándo calificarán la deuda soberana, unas calificaciones que en cualquier caso sólo podrán emitir fuera del horario laboral.
Las agencias estarán obligadas a restringirse en sus calificaciones de credibilidad crediticia a tres momentos previamente preestablecidos en el año..
Con la nueva regulación, Bruselas espera que disminuya el monopolio de las tres agencias que en la actualidad se reparten el mercado de forma casi exclusiva, las anglosajonas Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y Fitch.
Para aumentar la transparencia en su actividad, las agencias no podrán, como hasta ahora, limitarse a rebajar o aumentar una nota, sino que deberán justificar qué factores la explican.
Con el fin de evitar conflictos de intereses, los emisores de instrumentos financieros estructurados de resecuritización tendrán que cambiar de agencia de calificación al menos cada cuatro años, según esa nueva regulación comunitaria.
Las agencias asumirán, además, una mayor responsabilidad ya que con la nueva legislación los inversores podrán reclamar daños a las agencias en caso de pérdidas causadas por una negligencia o infracción grave.
