La gente busca cómo sortear el paro de choferes
El cuarto día de paro del transporte público se cumple hoy después de que los dirigentes volvieron a romper el diálogo convocado ayer por la Gobernación.
La población se moviliza a pie, en bicicleta o en vehículos particulares que cobran entre 2 y 5 bolivianos. Aunque la actividad es normal, algunos comerciantes se quejan por las bajas ventas a causa del paro. Los choferes marcharon ayer.
Por la tarde, los choferes acudieron a la Gobernación; sin embargo, abandonaron abruptamente y molestos la reunión que se realizaba a puerta cerrada. Al salir, el ejecutivo de la Federación de Choferes de Cochabamba, Lucio Gómez, acusó a la Gobernación de haber “escondido” un estudio que supuestamente fija la tarifa del transporte urbano en 2,20 bolivianos.
El gobernador interino, Vladimir Orellana, desmintió a Gómez y dijo que el documento es una herramienta que enseña a calcular tarifas.
Mientras los choferes marchaban para concentrarse en la plaza 14 de Septiembre y protestar contra las autoridades por no aceptar el incremento tarifario, algunos transeúntes manifestaron su molestia por las dificultades para llegar a sus fuentes de trabajo.
Marina Gonzáles, una tramitadora que vive en la zona del Parque Bicentenario, dijo que tuvo que caminar por varias cuadras hacia el Cruce de la Taquiña donde pudo conseguir una camioneta para llegar hasta el centro. “Nos ha cobrado dos bolivianos, pero estaba llenito, hemos venido uno sobre otro”, contó.
Apolinar Medina, un jubilado de 71 años, dijo que caminó desde su casa, en Villa Montenegro, hasta el centro porque debía realizar diligencias urgentes.
Una mujer que prefirió no dar su nombre dijo que para llegar de Villa México tuvo que tomar dos vehículos y cada tramo le costó 3 y 2 bolivianos, respectivamente.
Un vecino de Vinto contó que en la plaza Bolívar, de Quillacollo, los taxis se organizaron para cubrir las rutas habituales de los trufis y cobran 5 bolivianos.
Algunos dueños de comercios en el centro de la ciudad se quejaron por las escasas ventas en la semana, desde que empezó el paro.
Las empresas e industrias también sufren los efectos del paro. El director ejecutivo de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Alberto Arze, dijo que el perjuicio es innegable porque dificulta la normal actividad del sector ya que la mayoría de los obreros y empleados se moviliza en transporte público para llegar a sus fuentes de trabajo; sin embargo, dijo que el tema no ha sido abordado a nivel de la FEPC.
Por su parte, el presidente de la Cámara Departamental de Industrias, Federico Diez de Medina, dijo que el paro de transporte no permite al sector industrial realizar sus actividades con normalidad. “Es un problema para el (traslado del) personal y también porque los bloqueos afectan la llegada de materia prima y de productos”, dijo.
A diferencia del lunes pasado, la jornada de ayer no hubo bloqueos en la ruta a occidente y tampoco en la salida al oriente del país. La actividad en la terminal de buses fue normal aunque se conoció que sus dirigentes estaban considerando plegarse al paro.
Después de una masiva marchar gritando estribillos contra el alcalde, Edwin Castellanos, y el gobernador, Edmundo Novillo, y exigiendo que las tarifas en el área urbana suban a 2 bolivianos, los transportistas se retiraron a su sede para una reunión. Al salir, Gómez dijo que habría una “sorpresa” después del diálogo con la Gobernación.
La presentación del supuesto estudio que define la tarifa en 2,20 bolivianos fue la sorpresa anunciada. Airadamente, Gómez acusó a la Gobernación de haber callado la existencia del documento en lugar de usarlo como base para la negociación del incremento. Dijo también que fue elaborado con 140.000 bolivianos que fueron financiados por la cooperación española y añadió que los asesores técnicos de la Federación analizarían el documento para explicarlo detalladamente hoy a la población.
El dirigente del transporte libre, Saúl Suárez, dijo que la Gobernación no puede actuar “a espaldas del transporte ni de la población”. Ambos dirigentes coincidieron en que ya no consideran interlocutores válidos a las autoridades del departamento.
