Tres sectores marchan y piden transporte estatal
Vecinos, universitarios y un sector de los comerciantes marcharon ayer en protesta contra el alza de tarifas que el transporte público pretende exigir nuevamente en enero y demandaron transporte estatal.
Luego de marchar, miembros de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), de la Federación Universitaria Local (FUL) de San Simón y de la Federación de Comerciantes Minoristas por Cuenta Propia se concentraron en la plaza 14 de Septiembre y demandaron del Gobierno garantizar transporte masivo estatal con un pasaje mínimo.
En sus alocuciones, los tres sectores rechazaron toda pretensión de los transportistas de incrementar las tarifas de transporte público después del 10 de enero. Consideran que una elevación podría desatar un encarecimiento general de precios.
En criterio del dirigente de la FUL, Alejandro Mostajo, se debe resolver estructuralmente el problema tarifario, implementando un “verdadero transporte masivo estatal y a bajo costo”, en base a la experiencia de algunos municipios y transportistas asalariados que también sufren explotación laboral de los empresarios del transporte.
Anunció para el 7 de enero una concentración universitaria y de organizaciones populares para rechazar la pretensión del autotransporte federado de incrementar hasta 2 y 2,50 bolivianos la tarifa de transporte público municipal e interprovincial, respectivamente, a partir del 10 de enero.
Joel Flores, presidente de la Fejuve, rechazó el incremento de pasajes y pidió que la Alcaldía concluya para el 10 de enero la estructura de costos del transporte público.
Tanto Flores como la presidenta de la Federación de Comerciantes Minoristas, Amanda Melendres, anunciaron que fiscalizarán el trabajo y la metodología que utilice la Comisión Técnica Interinstitucional para realizar el estudio.
El acuerdo suscrito entre los transportistas y los presidentes de 10 distritos municipales, manteniendo el pasaje de 1,70 bolivianos hasta el 10 de enero, fue desconocido por las tres organizaciones debido a que no tiene el aval del municipio, ni de la Gobernación, únicas instancias facultadas por ley para fijar o modificar tarifas.
