Ley fija pena de hasta 8 años por avasallamientos
El pleno de la Cámara de Diputados, después de un debate de casi cuatro horas, sancionó ayer el proyecto de ley contra Avasallamientos y Tráfico de Tierras, que establece hasta ocho años de cárcel para quienes cometan esos ilícitos.
La norma, que fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, tiene el objeto de establecer un régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender de los avasallamientos y el tráfico de tierras, la propiedad privada individual y colectiva, así como la propiedad estatal y las tierras fiscales.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo sobre la ley contra avasallamientos que se trata de un “proyecto que va a resolver, al fin, el tema de avasallamientos, no sólo en lo rural, sino también en lo urbano, pero además de una forma abreviadísima”, según señala un boletín institucional difundido ayer por esa instancia legislativa.
De acuerdo con la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (ASPP), citada por el matutino La Razón, sólo en el departamento de Santa Cruz existen 115 predios tomados y esa acción ya causa perjuicio a la producción.
La norma, remitida al Ejecutivo para su promulgación, está compuesta por nueve artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria.
De ese modo, el objeto de la futura ley es establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.
Asimismo, es objeto de la normativa modificar el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra ambos ilícitos, tanto en el área urbana como rural.
Entre las principales medidas, la normativa establece procesos abreviados para combatir el avasallamiento y el tráfico de tierras, los que estarán a cargo de los juzgados agroambientales y penales, cuyos procedimientos de desalojo serán de un máximo de cinco días a partir de la fecha de la recepción de la denuncia.
Asimismo, incorporará al Código Penal las figuras del “tráfico de tierras”, que consiste en el arriendo, negocio o donación, la compra-venta, permuta de tierras individuales o colectivas ajenas.
Todas estas acciones tendrán penas de privación de libertad que van desde los tres hasta los ocho años.
La figura del avasallamiento consistirá, en cambio, en la invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos, individuales, colectivos, bienes de dominio público y bienes de patrimonio del Estado.
También establece que en caso de avasallamiento y tráfico de tierras cometidos contra bienes de patrimonio del Estado, el Ministerio Público deberá promover la acción penal.
Toma de tierras perjudica la producción agropecuaria
Días atrás, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó sobre una reducción de 4.703 hectáreas de tierras cultivadas durante este año en el departamento de Santa Cruz, debido principalmente a los efectos del cambio climático y los avasallamientos de tierras.
“La superficie cultivada del departamento de Santa Cruz llegó a 2.376.040 hectáreas, 0,13 por ciento menos que el 2012. Esto significa una reducción de 4.703 hectáreas”, dijo el presidente de la CAO, Julio Roda.
“En cuanto al volumen de producción, se registró una reducción de 8,7 por ciento, alcanzando 12,3 millones de toneladas de productos agrícolas con una disminución de 1,17 millones de toneladas respecto al 2012”, precisó Roda en el informe anual que presentó la Cámara cruceña.
También denunció que en el último mes, los casos de avasallamientos en predios productivos de diferentes zonas de este departamento se incrementaron aproximadamente en un 35 por ciento, por lo que pidió –en nombre de sus asociados– sanciones penales drásticas contra los “tomatierras”.
