Detienen a Achacollo por caso exFondioc
La Paz | Los Tiempos
El Ministerio Público de La Paz determinó ayer la “aprehensión directa” de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por existir indicios de los delitos de incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica en el proceso por el caso del ex Fondo Indígena.
La determinación se tomó 12 días después de que la comisión de fiscales decidiera suspender el testimonio de la exministra a solicitud de la defensa para la recopilación de documentación original. En el transcurso de ese periodo, la investigada presentó un cuadro delicado de salud, estrés y arritmia cardíaca, que la obligó a internase en una clínica.
El fiscal del Departamento de La Paz, Edwin Blanco, una vez reanudada la acción y luego de que Achacollo prestara declaraciones ayer, afirmó que la comisión de fiscales integrada por Anghelo Saravia, Daniel Ayala y Oscar Campero, encontró suficientes indicios para proceder con la aprehensión directa.
“Queremos aclarar a la opinión pública que en ningún momento se le ha dado oportunidad a esta persona. A ninguna persona hemos dado oportunidad. Siempre hemos defendido los intereses de la sociedad, para que prepare su defensa. La verdad es una sola y esa verdad no se la puede esconder y se cuenta con bastante documentación, informes técnicos, y el mismo informe evacuado por la señora interventora (del Fondioc, Larissa Fuentes) favorece a la realidad fáctica, jurídica y probatoria que está presentando el Ministerio Público”, afirmó el Fiscal.
La declaración de Achacollo ante la comisión comenzó cerca de las 15:10 y se prolongó por más de tres horas. A su arribo, la investigada sólo atinó a decir: “No tengo miedo (de ir a la cárcel) porque no he robado nada”.
De acuerdo con la resolución de aprehensión, la imputada tenía la obligación de controlar y fiscalizar cada cierre de gestión los proyectos ejecutados con recursos del Fondioc a través de informes de los directores ejecutivos, actualmente acusados y privados de libertad.
La exministra de Estado compareció ante la Fiscalía para completar sus declaraciones por el desfalco al ex Fondo Indígena Originario Campesino, suspendidas el 21 de julio por el número de preguntas que debía responder. Blanco en ese oportunidad explicó que el cuarto intermedio se declaró por lo extenso de las preguntas que debía responder, 40, de las que sólo respondió en esa ocasión, 15.
ESPERA EN CELDAS DE LA FELCC
Concluido el acto de toma de declaraciones, la exministra Nemesia Achacollo fue llevada a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde espera la imputación formal ante juez competente para posteriormente proceder con su audiencia de medidas cautelares.
El fiscal Edwin Blanco explicó que el Ministerio Público, conforme a ley, tiene 24 horas para colocar a disposición de la autoridad jurisdiccional a Achacollo, instancia que tiene otras 24 horas para fijar el día y hora de la audiencia de medidas cautelares.
“Estaríamos ahora a la espera de una audiencia de medidas cautelares, la comisión está analizando básicamente los tipos penales, circunstancias concomitantes a este hecho”.
Achacollo, en tanto, deberá permanecer en celdas judiciales hasta que se defina su situación jurídica. Existe la posibilidad de que se le aplique la detención preventiva por riesgo de fuga, aunque si acredita una residencia podrá recibir medidas sustitutivas una vez que sea cautelada.
QUISPE EXIGE DEVOLUCIONES
El diputado Rafael Quispe (UD), el principal denunciante e impulsor del proceso conocido como Fondioc, tras conocer la determinación, manifestó que la justicia llega tarde o temprano, al exhibir varias resoluciones ministeriales que suscribió la exminsitra Achacollo, por medio de las cuales se autorizó el desembolso de recursos económicos para los proyectos.
“Ahora, esto no termina aquí, se tiene que recuperar todos los dineros que se han llevado de los indígenas, campesinos y originarios, de mis hermanos, y por eso vamos a exigir que se devuelva todo lo que se han llevado del Fondo Indígena”, sostuvo.
La presencia de Quispe también desató susceptibilidad en la defensa de la exministra. El abogado Edgar Soliz pidió garantías para su defendida. “Lo que queremos es que se brinde garantías a mi cliente por su seguridad”, remarcó a mitad de la audiencia.
Por este acaso, 29 personas guardan detención preventiva en diferentes penales, entre ellas la también exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos y la dirigente indígena Melva Hurtado.
NO SE HIZO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
El titular del Ministerio Público de La Paz declaró en boletín institucional que esa instancia realizó una investigación detallada para aclarar todos los cuestionamientos relacionados con los proyectos del Fondo Indígena.
La exministra Nemesia Achacollo, según el documento, debía fiscalizar las operaciones de su gestión con la inclusión de estados financieros realizados por auditoría externa para que éste sea remitido al Ministerio de Economía y a la Contraloría General del Estado.
La resolución de aprehensión también establece que entre 2010 y 2014 la exministra aprobó varios proyectos de financiamiento que fueron observados por la Contraloría debido a irregularidades detectadas, tales como la no ejecución de proyectos y la insuficiencia del plan de desembolsos.
La Fiscalía determinó que los directores ejecutivos, desde 2010 hasta el 31 de octubre de 2014, no realizaron seguimiento permanente a los 153 proyectos observados y al dinero desembolsado, lo que causó daño económico al Estado, motivo por el que se inició un proceso penal contra varios sujetos procesales del directorio, directores ejecutivos y beneficiarios del exfondo.
SE APROBARON 153 PROYECTOS FANTASMA
En el curso de la investigación, la comisión de fiscales evidenció elementos de convicción que señalan la participación de Achacollo, como presidenta del Fondioc, con “atribuciones determinantes que no fueron cumplidas y exigidas en su gestión”, señaladas en el Decreto Supremo 28571.
“En ese marco, se estableció que Achacollo aprobó el desembolso de proyectos fantasma que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley, como ser el informe técnico, financiero y jurídico, antes de emitir la resolución ministerial (…) Autorizó llanamente el desembolso de recursos económicos del Estado, permitiendo que esos recursos vayan a parar a manos de particulares de manera ilegal”, se señala en un comunicado de la Fiscalía.
En enero de 2015, la Contraloría denunció un daño al Estado por 71 millones de bolivianos por 153 obras no ejecutadas, pero la interventora del ex Fondo Indígena estableció un año económico de 102 millones de bolivianos.
