Exembajador se refugia en Chile tras ser acusado por el caso Fondo Indígena
LA PAZ |
El exembajador de Bolivia en Paraguay, el indígena Rosendo Alpiri Nominé, decidió "refugiarse" en Calama, Chile, luego de declararse "perseguido político" por el caso del Fondo Indígena.
El dato fue confirmado a la agencia ANF por su madre, la exdiputada del MAS, Teresa Nominé, quien dijo que su hijo trabaja de albañil en Calama y que dejó cinco hijos pequeños en Santa Cruz.
El exdiplomático dijo al blog Rimay Pampa, del periodista Andrés Gómez, que está "analizando pedir asilo" al Gobierno de Michelle Bachelet.
Según explicó, no presentó sus descargos del Fondo Indígena porque estaba de embajador y, por el contrario, aseguró al presidente Evo Morales de haber estado al tanto de la corrupción en el exFondioc desde el año 2013.
Alpiri firmó en 2011 como responsable legal de un proyecto de "Capacitación en Saberes de Pueblos Indígenas y Conocimiento en la Gestión de Proyectos".
En ese entonces, el Fondioc hizo un desembolso de Bs 633.686,00 de un total de Bs 985.482,00. A mediados del año pasado apareció en la lista de proyectos fantasmas de la Interventora del Fondioc y renunció al cargo de Embajador, al que juró en 2014.
Señaló que no presentó descargos porque "estaba ejerciendo como embajador en Paraguay" y añadió que los que manejaban el proyecto, Jorge Tomichá y Juan Salvador García, le decían que "todo estaba tranquilo".
Este indígena de tierras bajas que también fue dirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), considera que el MAS destruyó el movimiento indígena de tierras bajas, persiguió y tomó presos a los principales dirigentes y arremetió contra las instituciones.
La Contraloría General del Estado estableció en febrero del año pasado un daño económico al Estado de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados.
También se estableció que 100 proyectos no fueron concluidos y que 169 proyectos no tenían el cierre correspondiente, pero que recibieron el 100% de los recursos.
Dirigentes indígenas y dos ex ministras, Nemesia Achacollo y Julia Ramos, fueron enviados a prisión por este caso.
