Gobierno admite irregularidades en LaMia e instruye 5 investigaciones

A seis días del accidente del vuelo 2933 de la empresa boliviana LaMia Corporation en Rionegro, Colombia, y de la aparición de indicios de un parentesco de padre e hijo entre el gerente de la compañía y expiloto presidencial, Gustavo Vargas Gamboa, con el jefe de registros de licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Gustavo Vargas Villegas, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, reconoció ayer que existe un conflicto de interés.

Añadió que además se cometieron “acciones criminales” al aprobar el Plan del Vuelo de la aeronave siniestrada, cuando su autonomía era menor al tiempo de viaje, como consta en el informe de inspectoría de Aasana, difundido el jueves.  

El Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transportes suspendieron el miércoles a las máximas autoridades de la DGAC y de la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Aeronavegación a la Navegación Aérea (Aasana), pero ésta es la primera vez que Claros observa el vínculo de la familia Vargas.

Dijo que ante el conflicto de interés se tomó la decisión de desvincular al jefe de registros.

Precisó que tras la suspensión de los funcionarios se tomaron cinco medidas.

La primera una investigación administrativa a la licencia de explotador aéreo de LaMia, la segunda una auditoría  de las fases dos y tres del proceso para otorgar la licencia (solicitud y evaluación). Todo el proceso abarca cinco fases.

La tercera es una investigación del Ministerio de Transparencia sobre el vínculo entre el jefe de registro y el gerente de LaMia, la cuarta una investigación en la DGAC y Aasana del cumplimiento del Plan de Vuelo de la aeronave Avro RS85 y la quinta una querella contra la compañía, cuya única nave certificada se estrelló el 28 de noviembre con el equipo de fútbol de Chapecoense de Brasil, periodistas, dirigentes y la tripulación con un saldo de 71 fallecidos y seis sobrevivientes.  

Claros dijo: “La investigación está orientada a la empresa (LaMia), porque nos llama poderosamente la atención que exista una relación entre sus servidores y esta aerolínea”.

Precisó que la investigación del accidente está a cargo de Colombia, como prevé el Convenio de Chicago.

Sin embargo, adelantó que en Bolivia se van a aplicar sanciones ante la sospecha de que se cometieron delitos como incumplimiento de deberes, incumplimiento del control interno, uso indebido de influencia y omisión de denuncia.

“Ha habido la irresponsabilidad de una persona que ha tomado decisión individualísima, personalísima queremos saber si esa persona consultó a su superiores,  si su superior le autorizó es culpable también”, dijo.

TIEMPO Y OTRO CASO

Plazo.- “Nos hemos dado un plazo de 10 días para tener resultados efectivos y las sanciones y acciones directas que se generen. Se han evidenciado incumplimiento de deberes, uso indebido, omisión y tráfico de influencias”, aseveró Claros.

Atentado.- El Ministro usó el atentado a las Torres Gemelas en EEUU para desvirtuar que la categoría 1 para los vuelos en Bolivia esté en riesgo a causa del accidente, porque en ese caso no se sancionó al país ni a la aerolínea.

Sin embargo, cabe aclarar, que el siniestro en contra de las Torres Gemelas fue un ataque “terrorista” a diferencia del suceso del pasado 28 de noviembre, en Colombia, en el que está involucrada una empresa aérea que detenta matrícula boliviana desde julio de 2015, otorgada por la Dirección de Aeronáutica Civil, que regula las operaciones.

ALBACETE ES DUEÑO DEL AVIÓN

El avión siniestrado en Colombia, el BAE Avro RJ85, era parte de una flota de tres aeronaves del empresario venezolano español Ricardo Albacete Vidal, quien en el pasado intentó vender los aparatos al empresario chino Sam Pa, apresado por narcotráfico.

La versión fue confirmada por el ministro Milton Claros. “El propietario es el señor Albacete y esta aeronave estaba en calidad de arrendamiento a LaMia”, manifestó.

Las otras dos  aeronaves se hallan en un hangar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en Cochabamba. Ninguna de las naves pudo operar en Venezuela. Albacete, también exsenador,  está señalado por lavado dinero y enfrenta procesos por estafa en Venezuela.

Los dueños de LaMia Bolivia, Marco Rocha y Miguel Quiroga, arrendaron la aeronave al empresario de oscuros antecedentes. Dejaron dos en la FAB a través de gestiones de Gustavo Vargas.       

ANTE FOTOGRAFÍAS

Niegan vínculo con Evo

ABI Y LOS TIEMPOS

El presidente Evo Morales no tiene relación directa con la empresa aérea LaMia, aseveró ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, ante la insistencia de la oposición que sugiere, mediante redes sociales, la existencia de un nexo perverso, y dijo que lo que intenta es inventar otra historia.    

En tanto que el ministro Juan Ramón Quintana dijo el sábado tras la difusión de las fotografías del Mandatario dentro del avión que se subió por “una invitación del gobernador el Beni, Álex Ferrier, quien contrató la aeronave” para ir de Rurrenabaque a Trinidad.

Claros manifestó que el mandatario no tenía por qué saber si la empresa aérea, en cuyo avión viajó, contaba con licencia o cuál era su matrícula, porque para esos temas existen instituciones.

“El presidente no tiene la obligación de conocer a detalle cuál es la matrícula  y el servicio para eso hay instrucciones de control que habilitan”, indicó.

El sábado, el comandante general de la FAB, Celier Aparicio, confirmó que la aeronave siniestrada fue traída para revisión al taller de esa unidad militar por el expiloto presidencial Gustavo Vargas, quien fue piloto de mandatarios entre  2001 y 2007.

ALTERNATIVA

Pago por pista es $us 5 mil

El avión LaMia, que transportaba 77 personas de Santa Cruz a Medellín en Colombia, tendría que haber pagado 5.000 dólares por usar un aeropuerto alternativo para hacer una parada y recarga combustible por derecho de uso de aeropuerto, publicó ayer El Tiempo.

Puntualizó que inexplicablemente la tripulación del vuelo LaMia 2933 no realizó una parada alternativa para reabastecerse, cuando tenía el combustible limitado. Casi una semana después nadie puede dar una explicación coherente de porqué el capitán Miguel Quiroga Murakami y su tripulación decidieron jugar a la ruleta rusa con la vida de 77 personas, incluida la suya.

Lo que sí se da por hecho es que el absurdo accidente pudo haberse evitado si se hubieran cumplido las normas mínimas de la aviación, que son severas en la exigencia de reservas de combustible para evitar que, literalmente, un avión se apague en el aire y se convierta en un peligro mortal.

Aunque las conclusiones oficiales sobre el desastre pueden tardar meses, ya Aerocivil de Colombia entregó una primera certeza: al momento del impacto, el avión no tenía combustible.