Achá pone su cargo en manos de Evo y está dispuesto a someterse a investigación
El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, aseguró hoy que su presidencia no tiene ninguna responsabilidad en el proceso de contratación para la compra de tres taladros de exploración y explotación hidrocarburífera a la empresa italiana Drillmec.
Señaló que está dispuesto a someterse a la investigación por las irregularidades en el proceso de licitación y contratación para la compra de los taladros por un monto 148,8 millones de dólares; además pone su cargo en manos del presidente, Evo Morales.
En este contexto, aseveró que las unidades jurídicas y administrativas son responsables de este proceso. “Nosotros establecemos las condiciones y los lineamientos necesarios para que se precautele la transparencia. Las observaciones y denuncias que tenemos están referidas al proceso de contratación como tal donde esta presidencia no participa, ni como gestora”, señaló Achá en conferencia de prensa en La Paz.
“Se ha especulado que esta presidencia dio la orden para la compra, lo ha hecho unidad gestora, que ha gestionado la necesidad (…). Esta presidencia y el directorio, en ningún momento forman parte de la gestión de este proceso de contratación. Se tienen que delimitar las responsabilidades que se tienen por cada una de las instancias”, agregó.
Con relación a la resolución administrativa del 3 de junio de 2016, presentada ayer por el senador opositor, Oscar Ortiz, en la que se indica que el presidente de YPFB autorizó el incremento en 417,1 millones de bolivianos en el precio referencial para la adquisición de los tres taladros, Achá aseguró que este aumento se efectuó en una fase previa al proceso de contratación final.
“Un comité de proyectos hace la evaluación financiera y la factibilidad económica de realizar este incremento (…). Tampoco se puede establecer que esta presidencia, de manera independiente, ha asumido un incremento en el costo de inversión (…). Se ha cumplido con todas las instancias correspondientes”, explicó.
El pasado 18 de abril, el ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó una denuncia contra 15 funcionarios de YPFB y el representante de la empresa italiana Drillmec, Diego Bergonzi, por los presuntos hechos irregulares detectados en el proceso de contratación de esa compañía para la adquisición de los taladros. Achá no fue incluido en la lista de los denunciados.
La empresa italiana se adjudicó la fabricación de los taladros por un monto de 124.9 millones de dólares. Según diferentes autoridades, no existe un daño económico al Estado porque la empresa estatal YPFB no realizó ningún desembolso.
