Encarcelan a 5 empleados y señalan a altos mandos
La Paz |
Los cinco funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), detenidos entre martes y miércoles de esta semana por el denominado “caso taladros” fueron enviados, con detención preventiva, ayer a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz y San Pedro de La Paz. La defensa anunció que apelará la resolución y deploró que la Fiscalía no haya imputad hasta la fecha a personal de mandos superiores, incluyendo al presidente de YPFB, Guillermo Achá.
En la segunda jornada de la audiencia de medidas cautelares, la jueza Cuarta Anticorrupción, Melina Lima, envió a Palmasola al director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano Parada, y al gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, además de los abogados de la Unidad Jurídica, Félix Bustos Martin y Gizel Siles Roca. El quinto de los imputados, el también abogado Julio Kjari Nina, fue derivado a San Pedro.
Todos ellos fueron imputados por los delitos de incumplimiento de deberes y uso de influencias, por haber alterado presuntamente las condiciones de adjudicación de tres equipos de perforación (taladros), proceso que al final favoreció a la empresa italiana Drillmec.
La jueza dijo que los imputados tuvieron varias horas para defenderse, pero que no demostraron actividad lícita, es decir, un trabajo remunerado, y que por otra parte la Fiscalía presentó abundante prueba de cargo derivada del informe del Viceministerio de Transparencia y una auditoría interna de YPFB.
Sin embargo, señaló que apenas es la etapa inicial del proceso y que los imputados podrán presentar mayores elementos para asumir su defensa. En cuanto a la Fiscalía, dijo que todavía quedan 11 personas por ser investigadas, es decir, 10 funcionarios suspendidos y el italiano Diego Bergonzi, representante legal de Drillmec.
Al respecto, el fiscal Rudy Terrazas señaló que los imputados no pudieron desvirtuar el riesgo procesal. Al ser consultado sobre cuándo serán investigados o imputados los máximos ejecutivos de YPFB, respondió que “se está analizando”.
Entre los suspendidos de alto rango se encuentran el vicepresidente de la estatal, Jorge Patricio Soza, y la gerente de Contrataciones, Paola Oporto. En tanto, la directora legal corporativa, Cynthia Novillo, y Fabián Avilés, cabeza del Comité de Adjudicación, ambos mencionados en la audiencia, no figuran en la lista de suspendidos.
FISCAL DICE QUE AMPLIARÁN LAS INVESTIGACIONES EN YPFB
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció ayer que en próximos días se ampliarán investigaciones del caso taladros de YPFB a más funcionarios porque durante la toma de declaraciones a los 15 denunciados por el Ministerio de Justicia, se hallaron datos sobre participación de más personas.
En sus declaraciones efectuadas a la prensa en Santa Cruz, dijo que se está realizando una investigación objetiva, en base al análisis de la documentación obtenida y aseguró que el Ministerio Público se maneja con los tiempos del procedimiento penal.
“Aquí no es a pedido (…) de a quién debemos convocar, es de acuerdo a la objetividad y si hay elementos de participación de otras personas y de otras autoridades, sin duda, serán convocados ya sea en calidad de testigo o investigado”, manifestó.
Consultado sobre si el presidente de YPFB, Guillermo Achá, sería citado, Guerrero respondió: “Me refiero a eso precisamente, son tiempos que manejan los fiscales. En próximos días se va a ampliar esta investigación. Van saliendo de las declaraciones que se toman, de las contradicciones que entran los propios investigados”, dijo.
