Más voces piden incluir a Presidente de YPFB en investigaciones por taladros
Santa Cruz | Los Tiempos
Luego de que cinco exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que fueron enviadas a prisión de manera preventiva, hubieran apuntado en sus declaraciones a funcionarios de alto rango en el presunto hecho de corrupción en la compra de tres equipos de perforación, distintas autoridades piden que el presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, sea incluido en el proceso y separado de su cargo. Además, cuestionan su accionar por no haberse constituido en parte querellante ante estos supuestos hechos ilícitos.
Cuatro de los cinco imputados llegaron ayer por la tarde a la ciudad de Santa Cruz y fueron trasladados al penal de Palmasola. Su abogado, Andrés Zúñiga, indicó en La Paz que ellos son funcionarios de bajo rango y que cumplieron instrucciones de sus superiores, quienes, según él, tenían la potestad de rechazar o aceptar el avance del proceso de adjudicación de los equipos de perforación.
En este sentido, el abogado señaló a la directora corporativo legal, al directorio y al presidente de YPFB, Guillermo Achá. A decir de Zúñiga, estos funcionarios de alto rango debieron asumir una posición de rechazo ante la evidencia de irregularidades, pero no lo hicieron “porque sus funcionarios (los que ahora están en prisión) cumplieron con el deber que tenían”.
El delegado de la Gobernación de Santa Cruz ante el directorio de YPFB, Víctor Hugo Áñez, pidió la separación de Achá de la Presidencia de la empresa porque éste en su momento declaró que el proceso de contratación de los taladros se realizó en apego a las normas. Sin embargo, las declaraciones de los imputados señalan a como responsables a funcionarios de alto rango.
“Creemos y exigimos que el señor Guillermo Achá sea alejado del cargo mientras se esclarezcan estos temas para que se pueda actuar en el marco objetivo de una investigación”, dijo Áñez.
Además, criticó al Presidente de YPFB por no constituirse en parte querellante el momento que surgieron los supuestos hechos de corrupción, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. “La máxima autoridad de una entidad, al conocer de hechos de corrupción y vinculados a éstos, tiene la obligación de constituirse en parte querellante”, dijo.
ORTIZ
El senador opositor, Óscar Ortiz, dijo que el Ministerio Público no tiene excusas para no investigar a Achá, puesto que las declaraciones de los cinco imputados apuntan a cargos jerárquicos de la estatal petrolera y porque hay “suficientes evidencias de que “pudo haber una actitud sistemática organizada para favorecer a una empresa” en la adjudicación.
“Tienen que ser incluidos todos los posibles responsables y no sólo los mandos medios, a los cuales, al parecer, en una acción ya premeditada y de mala fe, se les ordenaba preparar y firmar documentos”, dijo.
