Proyecto de ley crea una dirección para investigar paraísos fiscales
La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investigó el caso Papeles de Panamá, aprobó un proyecto de ley que define la creación de una Dirección de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, entre otras instancias para detectar las operaciones comerciales y/o financieras que se realizan a efectos de aplicar sanciones. La propuesta será considerada por la Asamblea.
Según los documentos a los que accedió este medio, la nueva dirección dependerá de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
“Se crea (…) con el objetivo de promover y coordinar las acciones de prevención, investigación y recuperación de activos, en las operaciones comerciales y/o financieras vinculadas con paraísos fiscales por residentes bolivianos, que afecten a los intereses del Estado”, señala.
El abogado constitucionalista José Antonio Rivera sostuvo que cualquier norma que se cree debe cuidar los derechos y garantías de las personas. Añadió que si se trabaja en un proyecto de ley para regular a las empresas, a parte del Código de Comercio, se debe respetar los tratados internacionales que Bolivia firmó para no vulnerar normas ni derechos.
El proyecto también contempla que la UIF “realice acciones preventivas a través de investigaciones y estudios estratégicos”, para evitar que los sectores económicos del país sean utilizados en operaciones de legitimaciones de ganancias ilícitas.
Sistema integrado
La propuesta también se determina la creación del Sistema Integrado de Información para la Lucha contra el uso de Paraísos Fiscales (SIPAF), dependiente de la UIF, con el objetivo de centralizar e intercambiar información para enfrentar este ilícito.
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional (AN), Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas (AFCE), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Contraloría General del Estado (CGE), Segip, Régimen Único de Administración Tributaria, Derechos Reales, entre otras, deben proporcionar información en línea y parametrizada, señala el proyecto.
Asimismo, se determina que la UIF tiene la obligación de promover las acciones legales correspondientes ante las instancias llamadas por ley. Las sanciones serán aprobadas a través de un decreto supremo, a propuesta de la UIF.
Cambios a normas
La iniciativa plantea el ajuste normativo en diferentes ámbitos del derecho societario. Por ejemplo, se plantea un nuevo tipo penal denominado “ilícito económico”, que castiga con ocho años de cárcel a las personas que destinen recursos económicos al extranjero o utilicen paraísos fiscales con el fin de incumplir obligaciones económicas.
Otro de los cambios propuestos es en la Ley 843 de Impuestos Nacionales. Se propone que cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior ubicados en paraísos fiscales, se aplicará una alícuota única del 12,5 por ciento del monto pagado o remesado.
DATOS
Declaración patrimonial de beneficiarios. Las personas naturales, que sean beneficiarias finales de sociedades comerciales o entes establecidos en paraísos fiscales, deberán efectuar anualmente una declaración patrimonial contando con documentación que lo acredite fehacientemente.
Los servicios también deben ser declarados. Las personas naturales o jurídicas que brinden servicios legales, contables, financieros y técnicos a sociedades comerciales o entes constituidos en paraísos fiscales, deberán efectuar declaración jurada sobre los servicios brindados.
Informes a la ASFI sobre transferencias. Toda transferencia de acciones de una entidad financiera realizadas a personas naturales o jurídicas constituidas en paraísos fiscales, debe informarse a la ASFI.
EL DESAFÍO DE FRENAR PARAÍSOS FISCALES
Según la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), frenar la evasión y elusión fiscal, así como los flujos ilícitos, es un requisito central para potenciar la movilización de los recursos financieros necesarios para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo.
