Bolivia pierde juicio con Quiborax y debe pagarle $us 48,6 millones
Bolivia perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax a la que ahora deberá pagar 48,6 millones de dólares, tras el último fallo pronunciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial (BM) para resolver este tipo de conflictos.
En un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informa su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015 contra Quiborax, que ese mismo año ya había logrado una sentencia arbitral favorable.
Este medio intentó comunicarse con el procurador, Pablo Menacho, pero personal del área de comunicación informó que el equipo se hallaba en Potosí y que aún no se había tomado conocimiento oficial del fallo, por lo que probablemente la entidad se pronunciaría recién hoy.
Antecedentes
El litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Al no lograrse un acuerdo de indemnización, la empresa chilena demandó en 2006 al Estado boliviano reclamando 66 millones de bolivianos como compensación a sus inversiones y daños sufridos por la expropiación. En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax indicando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones, estableciendo como indemnización la cifra mencionada.
Una semana después, Bolivia objetó alegando, entre otros aspectos, que Ciadi se extralimitó manifiestamente en sus facultades quebrantando gravemente una norma de procedimiento. Además, adujo que en el laudo no se expresó los motivos en los que se fundaba.
En todo el interín, se dieron varios intentos frustrados de conciliación entre partes, hasta que Ciadi se pronunció el pasado 18 de mayo alegando que todos sus fallos estaban dentro de sus facultades y que no se identificaron los “errores groseros” ni “quebrantamientos de normas” observados por Bolivia.
“Por las razones expuestas, el Comité decide desestimar en su totalidad la Solicitud de Anulación”, presentada por Bolivia contra Quiborax, remata el documento en su parte de las conclusiones.
Fin del proceso de laudo
Con ello, el organismo internacional también puso término a la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que el Gobierno de Evo Morales deberá pagar a Quiborax (representada por el estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana) los 48,6 millones de dólares, fijados en 2015, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas.
Además, Ciadi determinó que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.
Eso sí, la entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares, incluyendo anticipos al Ciadi).
66 millones de dólares es lo que Quiborax pedía del Estado boliviano como compensación por la reversión de reservorios de ulexita.
UNA FIRMA CHILENA EN EL SALAR DE UYUNI
Quiborax es una empresa minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk.
La firma chilena operaba en Bolivia mediante la compañía Non-Metallic Metals (NMM), que asociada con Minera Río Grande Sur en 2001 conformaron Quiborax.
La sociedad operaba en 11 concesiones mineras en Uyuni hasta 2004.
En el juicio estuvo representada por el estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana.
BOLIVIA QUEDA SIN MÁS RECURSOS
La Procuraduría General del Estado contaba con el asesoramiento y apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP, reconocido mundialmente en el área de arbitraje.
En diciembre pasado, el ministro de Minería, César Navarro, declaraba que “el Estado boliviano ha demostrado con claridad y contundencia que el laudo, en el caso Quiborax, es forzado, artificial y abusivo, por lo que se espera que la acción de anulación planteada por Bolivia logre eliminar la injusta decisión del tribunal”.
La Procuraduría no se pronunció ayer, pese a que el documento del fallo está fechado el 18 de mayo para darse a conocer a las partes.
Según el economista Gabriel Espinoza, se trata de un caso parecido al de Entel, en el que hay un fallo y la posibilidad de una apelación. Después de esta instancia, se considera “cosa juzgada”.
Normalmente, Ciadi otorga un plazo que oscila entre tres y seis meses para el pago de lo establecido en su fallo. Pasado este plazo, el Comité puede proceder al embargo de bienes y activos.
PUNTO DE VISTA
Gabriel Espinoza Economista
Al margen de la indemnización, está el mal precedente para nuevas inversionesç
Este tipo de pleitos normalmente terminan también en este tipo de compensaciones de una u otra manera. Uno se pregunta, en la gran mayoría de los casos, si bien el Estado se hace de algún tipo de activo, posesión de recursos naturales o actividad económica, eventualmente tiene que pagarla. Entonces, no se está creando nueva riqueza, lo único que ocurre es un cambio de manos de activos.
Ahora más allá del monto económico que se tiene que pagar, deja un mal precedente para futuros inversionistas. Se está mostrando que el país, independientemente de la jefatura de Gobierno, tiene la tendencia de apropiarse de los reservorios de los recursos naturales, lo que nos deja en gran desventaja con países vecinos como Perú, Chile y Argentina.
¿Cómo revertir estos casos? En general, la tendencia hoy en día es que haya asociaciones público privadas, donde el Estado forma parte de la explotación; también hace falta transparencia financiera. Lamentablemente, en Bolivia ese tipo de asociaciones no han logrado prosperar, debido a presiones corporativas. Habrá que buscar nuevas formas de vincularse con empresas extranjeras.
