Tras 18 meses, la investigación no alcanza a funcionarios del Gobierno
La investigación que se realiza en Bolivia sobre el accidente de LaMia que dejó 71 personas fallecidas no alcanza a exfuncionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que estaban involucrados con el Gobierno del presidente Evo Morales, denuncian compañeros de Celia Castedo y el abogado del exgerente de la empresa cruceña, Jerjes Justiniano.
Virgilio Pereira y Luis Coimbra estuvieron a cargo de la DGAC cuando se emitió la autorización de la operación de la aerolínea LaMia. Pereira se hizo amigo del presidente Morales en uno de los confinamientos que sufrió, según afirma en su libro “Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado”. En tanto, Coimbra, fungió como ejecutivo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
Aunque inicialmente se señaló que la investigación se extendería a estas gestiones, ninguno fue imputado por la Fiscalía.
Según el presidente de la Asociación de Controladores Aéreos de Bolivia, Víctor Hugo Soliz, hubo una serie de equivocaciones durante el proceso por desconocimiento de la Reglamentación de Aeromántica Boliviana, que conllevaron, a su vez, al encarcelamiento de Jhons Todovich, funcionario de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), y a la determinación de buscar refugio en Brasil de Celia Castedo, también funcionaria de Aasana.
Sin embargo, Soliz afirma que quienes incumplieron con sus labores fueron funcionarios de la DGAC, lo que fue corroborado con el informe final de Aerocivil Colombia.
Por su parte, Jerjes Justiniano, abogado de Gustavo Vargas Gamboa, exgerente de LaMia, considera que el caso no avanza porque la responsabilidad civil del caso es de la DGAC y, por ende, del Estado.
Mientras que el abogado especialista en aeronáutica Omar Durán considera que en Bolivia hay instituciones que “tapan algunos procesos que no quieren que sean investigados”.
Además, Durán cree que es raro que durante los 18 meses de investigación que lleva adelante el Ministerio Público no hayan cargos contra Pereyra, quien firmó el certificado de explotador aéreo de LaMia en su condición de director de la DGAC, en 2015. Además, dice que llama la atención que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, tampoco fue llamado a declarar, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) “le da responsabilidad plena en la parte administrativa”.
Por su parte, la diputada de Demócratas, Rose Marie Sandoval, cuestionó que el Ministerio Público no hubiera incorporado en la investigación a las cabezas de instituciones como la DGAC y Aasana. “Uno se pregunta qué pasa con el general Pereira (…) por qué no está imputado”, manifestó.
El caso sigue sin presos. Actualmente no existe ni una sola persona detenida por el caso de LaMia. Tampoco hay informes sobre avances.
