Bolivia concluye defensa y revela que Glencore compró activos a Sánchez de Lozada
El Estado de Bolivia concluyó con "solvencia" su defensa en el arbitraje planteado por Glencore Finance (Bermuda) en su contra por la expropiación del complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio y la mina Colquiri y reveló que la transnacional compró al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada los activos en litigio.
Durante su defensa, la procuraduría General del Estado boliviano presentó sus observaciones a la jurisdicción del Tribunal Arbitral, así como los argumentos respecto a los hechos que determinaron la reversión de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, y la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Además, presentó diversos testigos sobre el caso y responsabilizó al expresidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia, de aprovecharse de activos en litigio.
"El Estado boliviano demostró que entre los años 2004 y 2005, Glencore International AG adquirió los tres activos, las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y la mina Colquiri, bajo pleno conocimiento que la persona de quién los adquiría era el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre quien en ese momento recaía un juicio de responsabilidades por los luctuosos hechos de Octubre Negro", señala la Procuraduría en una nota de prensa.
En ese sentido, los testimonios de los testigos presentados por la defensa boliviana evidenciaron "que fue la propia negligencia de la empresa Sinchi Wayra, de propiedad de la transnacional suiza Glencore, la que ocasionó los graves conflictos y enfrentamientos entre cooperativistas y mineros asalariados" el 2012, motivo por el cuál Comibol reasumió la dirección y administración sobre la mina de Colquiri.
La demanda está instalada en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya bajo el amparo del reglamento de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
Glencore le exige a Bolivia un pago de $us 675,7 millones por la expropiación de los bienes citados y de la supuesta apropiación de 161 toneladas de concentrados de estaño procesado.
Las partes en el arbitraje quedan a la espera de la emisión de la decisión sobre jurisdicción y responsabilidad por parte del Tribunal Arbitral, que en un tiempo perentorio realizará el análisis y evaluación de los alegatos presentados por ambas partes.
