Privados se beneficiaron con el 57% de las concesiones mineras en 2018

Economía
Publicado el 03/06/2019 a las 2h44

Cada año crece el número de concesiones mineras aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sólo en la gestión 2018, aprobó la suscripción de 45 Contratos Administrativos Mineros (CAM) —antes conocidos como concesiones— en siete departamentos, dando la prioridad a la industria privada (57,8 por ciento).

De acuerdo al jurista Ramiro Paredes, estos CAM son nuevas concesiones que alcanzan a 40 mil o 45 mil hectáreas, aproximadamente.

El número de los CAM y de superficie va en crecimiento desde hace más de cinco años. Por ejemplo, en 2012, antes de la nueva Ley de Minería, había entre 7.300 y 7.400 concesiones en 60 millones de hectáreas.

El informe de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) refiere que, de los 45 contratos aprobados en el Legislativo, uno corresponde a la industria minera estatal, 26 a la minería privada y 18 a cooperativas mineras.

De estas concesiones, 22 están en Potosí y Chuquisaca; 12 en La Paz-Beni-Pando; ocho en Cochabamba, y tres, en Oruro (ver infografía).

En el periodo 2016-2018, se tiene un acumulado de 163 CAM aprobados en la Asamblea Legislativa.

En 2017, la Asamblea aprobó 117, de las cuales para La Paz, Beni y Pando eran 39; para Santa Cruz, 17; para Cochabamba, 18; para Oruro, 17; para Potosí y Chuquisaca, 16;  para Tupiza, y para Tarija, 10.

“La actividad minera en Bolivia es intensa. De acuerdo con la norma, los contratos que pasan por la Asamblea Legislativa son los nuevos; hay que ver cuánto tiempo han acumulado los contratos porque la AJAM ahora está enviando los mismos a una buena velocidad”, informó el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova.

Las cuadrículas mineras

Antes de que entrara en vigencia la nueva Ley de Minería, en 2012 había entre 50 y 60 millones de hectáreas concedidas. Estas concesiones ya no deben pasar por el Legislativo porque cuentan con derechos preconstituidos; por lo tanto, sólo los nuevos son aprobados en la Asamblea.

“Se tenía concesiones por cuadrículas, 3.657, y por pertenencia, 3.848. En total serían 7.505 concesiones vigentes en 2012 con más de 60 millones de hectáreas. Ahora se están suscribiendo contratos por cuadrículas, pero al momento no son muchas hectáreas. Se tendría que conocer cuántas están a la espera”, acotó Córdova.

En 2014, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que, desde 2006, las cooperativas tenían 2.254 cuadrículas, equivalentes a 56.350 hectáreas, y en 2014 éstas subieron a 17.140, equivalente a 428.628 hectáreas, con un incremento de 500 por ciento.

La superficie de operaciones mineras se divide en cuadrículas. Una cuadrícula equivale a 25 hectáreas.

Ahora, con el objetivo de lograr mayores concesiones mineras, los cooperativistas trabajan con el Gobierno para acceder a nuevas áreas e incluso en las reservas naturales.

El año pasado, la Asamblea observó que, por normativa ambiental, cualquier actividad extractiva que se realice al interior de un área protegida debe cumplir con un reglamento específico, siendo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) el encargado de la conservación y protección de estas zonas.

Datos oficiales de la AJAM dan cuenta de que en 2018 se concluyeron 297 consultas previas y que 621 estaban en curso, dando un total de 918.

 

500 por ciento de incremento en las cuadrículas concedidas a los cooperativistas entre los años 2006 y 2014, según datos del Gobierno.

 

LAS CONCESIONES REVERTIDAS

En 2017, el Estado revirtió 77 áreas. En 2018 fueron 46 por improductivas. Se estima que sólo en 2014 se revirtieron al Estado entre 400 a 500 concesiones mineras, sobre todo de Oruro y Potosí.

Las solicitudes de contratos administrativos mineros, en su fase inicial e intermedia, fueron 1.115; minutas suscritas por la AJAM fueron 348, y entre rechazados, desistidos y con perención, 216.

Considerando todos estos aspectos, la AJAM registró en solicitudes de CAM un número de 2.597 en 2018.

 

LAS COOPERATIVAS Y EL MEDIO AMBIENTE

Las cooperativas mineras, en su mayoría, se dedican a la explotación de oro. Pero debido a que no se aprueban las concesiones mineras en áreas reservadas, predomina la “minería ilegal”.

Investigaciones advierten que esta actividad está causando efectos devastadores en la Amazonía por la presencia de dragas, barcas y otros equipos utilizados para la extracción de oro que acaban con los bosques.

El uso indiscriminado de mercurio, en áreas protegidas, causa daños a la salud de las poblaciones locales, principalmente indígenas, y afecta a ríos y peces.

 

LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS

REDACCIÓN CENTRAL

El progresivo ingreso de la actividad extractiva en áreas protegidas, en este caso la minería, se desarrolla a través de operaciones de cooperativas auríferas en Apolobamba, Cotapata y Madidi, según el informe de Gestión 2018 de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz.

Para legalizar y profundizar la presencia de las cooperativas en áreas reservadas, representantes de este sector trabajan con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en la rezonificación del suelo para la explotación minera en estas regiones.

El 5 de octubre de 2017, la AJAM aprobó el reglamento para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, además de instruir a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero de la AJAM tomar los recaudos para su implementación y aplicación.

“El Gobierno ha apoyado de diferentes maneras a las cooperativas e industria minera. Se ha ido entregando yacimientos en zonas de reservas fiscales. Las cooperativas se han ido dinamizando como ilegales y por ende son explotaciones ilegales”, afirmó el investigador del Cedla Alberto Zaconeta.


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