INRA admite dotación de tierra en área de conservación Ñembi Guasu
Ante la denuncia de autoridades del Gobierno de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae en Santa Cruz —el primer autogobierno indígena de Bolivia— respecto a la autorización del asentamiento de 58 comunidades en el área de conservación Ñembi Guasu en los últimos cinco años, el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) admitió la emisión de las resoluciones de asentamiento aclarando que no contaba con la información sobre el área de conservación.
Autoridades de Charagua, como el asambleísta Rubén Ortiz, lamentó que el INRA hubiera vulnerado sus derechos y su estatuto, que se encuentra vigente desde principios de 2017, por lo que pidió la anulación de las resoluciones de asentamiento otorgadas por el INRA a comunidades interculturales desde 2014.
Sin embargo, el director del INRA en Santa Cruz, Sergio Imaná, aseguró que se respetará toda área de conservación y que el pedido de anulación es abordado de manera técnica y que mañana se conocerá una determinación.
Aclaró que el asentamiento de las comunidades fue autorizado cuando los estatutos de Charagua no habían sido aprobados.
“El tema de un área protegida no estaba definido, no hay ningún fundamento legal. Lo que sí es que ahora sí se respeta”, dijo Imaná, y agregó que los estatutos de Charagua “no habían sido emitidos, no estaban aprobados al momento de la entrega y emisión de esas autorizaciones de asentamiento, pero nos han proporcionado de manera oficial todos los documentos y las coordenadas. Vamos a respetar esa área protegida con seguridad”.
Ortiz señaló que las 58 comunidades abarcan casi una cuarta parte de las más de 1,2 millones de hectáreas que comprende el área de conservación, cuya protección está establecida en una ley del estatuto de Charagua.
Explicó, además, que los asentamientos fueron más frecuentes desde 2017 y que continuaron hasta la presente gestión.
“Nosotros lo que queremos es anular las resoluciones y desalojar a los que están ahí asentados”, dijo Ortiz, a tiempo de mencionar que se trata de comunidades interculturales que llegaron del interior del país y que procedieron al desmonte del bosque, que no es apto para la agricultura.
Al ser consultado sobre la anulación de dichas resoluciones, Imaná dijo: “En eso van a girar las mesas de trabajo, vamos a verlo; ellos (las autoridades de Charagua), de manera oficial, recién le han entregado a nuestro Viceministro de Tierras (Juan Carlos León) todos los documentos concernientes”.
Según Ortiz, esta área de conservación es una de las más importantes del chaco boliviano y de Sudamérica, por lo que espera resolver el conflicto por las instancias de diálogo.
Dijo que la pasada semana recibieron la visita del viceministro León y que éste no dio ninguna solución; sin embargo, esperarán los resultados de las mesas técnicas.
El área de conservación Ñembi Guasu alberga alrededor de 100 mamíferos y 300 aves.
CONTIOCAP CRITICA ACCIONAR DEL INRA
El vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, Álex Villca, lamentó el accionar de los técnicos del INRA porque asegura que ellos conocían las autorizaciones de asentamiento en un área de conservación de Charagua.
Según él, esto “obedece a una política de despojo a los pueblos indígenas y destrozo total de las áreas protegidas de nuestro país para beneficiar a grandes capitales, de los cuales muchos son empresas multinacionales”.
Señaló también que los pueblos indígenas se encuentran en “digna lucha y resistencia” al saber que “estamos frente a un Gobierno antiindígena y abiertamente procapitalista”.
Villca advirtió que, si los pueblos indígenas no luchan con unidad y hermandad, les espera “la expulsión de nuestros territorios ancestrales y con ello el total exterminio de nuestros pueblos y naciones indígenas”.
EN LA CHIQUITANÍA HAY MÁS DE 1.500 ASENTADOS
REDACCIÓN CENTRAL
Las comunidades campesinas e interculturales asentadas en la Chiquitanía superan las 1.500. En algunos casos, éstas se conformaron en áreas protegidas o reservas forestales.
La información es proporcionada por el presidente del Comité Cívico del Bloque Chiquitano, José Serrate, quien lamenta que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realice la dotación de tierras a personas provenientes del interior del país antes que a las poblaciones originarias.
Serrate considera que el INRA incumple su misma ley, que, en su artículo 43, establece que la dotación de tierras fiscales debe ser preferente para los vivientes del lugar. El dirigente anunció nuevas medidas de presión sino se respeta las leyes. Se desconoce la cifra de asentados en el departamento.
