Fiscalía imputa a director cruceño del INRA por dotación ilegal de tierras
El Ministerio Público de Santa Cruz imputó formalmente a Sergio Abraham Imaná Canedo, director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el delito de incumplimiento de deberes.
Está acusado por la dotación ilegal de tierras de la antigua propiedad San Panuma, incautada por el Estado por el caso Jacob Ostreicher, como si fuesen predios fiscales.
El abogado representante de las víctimas, Álvaro La Torre, dijo que dentro de las investigaciones se determinará la existencia de indicios de probabilidad del delito y será la justicia la que establezca si fue por negligencia o corrupción.
“El Ministerio Público encontró indicios por incumplimiento contra Sergio Abraham Imana Canedo. Las denuncias de Anacleto Aguirre Gómez pueden ser probablemente ciertas, lo que corresponderá es una auditoría de la dotación de tierras”, apuntó el abogado a Radio Fides.
Según denuncias de Anacleto Aguirre Gómez, no recibieron la dotación de tierras. Los funcionarios del INRA les pidieron 500 dólares más a cada familia como concepto de una comisión en beneficio del INRA. Las tierras habrían recaído en manos de los dirigentes.
La denuncia de Aguirre, presentada a la Fiscalía, también acusa a seis dirigentes de Los Cedros y a tres funcionarios del INRA por el delito de incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.
Imaná, en una conferencia de prensa realizada el lunes pasado, mostró el certificado catastral de esas tierras, el cual certifica que se trata de predios fiscales, de propiedad del Estado.
“La Dirección General de Tierras, quien ha emitido de manera legal una autorización de asentamientos en diciembre de 2017”, afirmó Imaná.
Aseguró que lo que hizo fue defender tierras fiscales de “avasalladores”, procediendo a desalojos de esos predios en conflicto, lo que originó las represalias.
“No es predio incautado, es tierra fiscal, y así hemos procedido el año pasado a hacer un mandamiento de desalojo”, precisó Imaná.
Dijo que se encontró al abogado La Torre dentro de esos predios fiscales y se le inició un proceso.
“Nosotros tenemos un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que concluye que esos predios están incautados y eso conlleva a que las víctimas somos nosotros, porque no se podía disponer de esas tierras”, dijo La Torre.
DATOS
El bloque de la Chiquitanía. Éste es un conflicto originado entre los campesinos de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos y autoridades de la Chiquitanía.
Anulación de la dotación de tierras. La dotación de tierra, con aval del INRA de Santa Cruz, supera las 100 mil hectáreas en el municipio de San Miguel. Las autoridades chiquitanas piden la anulación de los asentamientos porque aseguran que son ilegales.
Dotación de tierras en áreas de reserva. El INRA admitió la emisión de resoluciones de asentamientos a 558 comunidades en el área de conservación Ñembi Guasu.
