El 58% del área deforestada es ilegal; ven normas permisivas
El área deforestada en Bolivia en la gestión 2019 alcanza a 270.497 hectáreas. El 58 por ciento, equivalente a 155.552 hectáreas, se llevó a cabo de manera ilegal, mientras que el 42 por ciento, igual a 194.945 hectáreas, se ejecutó de forma legal, así lo refleja el informe de rendición pública de cuentas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
Los desmontes en 2019 tienen un incremento de aproximadamente un 2 por ciento en relación a 2018, cuando el área alcanzó a 265.504 hectáreas; se incrementa en 5 por ciento en comparación al registro de 2017 (258.462 hectáreas) y en 111 por ciento contrastado con 2012 (128.044 hectáreas).
El mencionado informe también identifica 1.853.010 hectáreas deforestadas entre 2012 y 2019, cuyo 83 por ciento se encuentra en el departamento de Santa Cruz, con notable énfasis en la región de la Chiquitanía.
Según el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Durán, los datos de la ABT reflejan las consecuencias de la política del Gobierno del expresidente Evo Morales de otorgar tierras fiscales a comunidades campesinas provenientes de otras regiones del país, las cuales desmontaban sin previa autorización, incluso en áreas protegidas.
Durán afirma que el anterior Gobierno promovió la deforestación legal e ilegal en Santa Cruz a través de normas como la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973. Dicha ley autoriza la ampliación de desmontes de 5 a 20 hectáreas para pequeñas propiedades comunidades y colectivas para fines agropecuarios, mientras que el decreto autoriza el desmonte para fines agropecuarios en tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni.
El representante de los profesionales forestales explica que la deforestación ilegal fue en aumento en los últimos años porque “es más barato pagar las multas” que obtener un permiso de desmonte de la ABT.
Además, argumenta que la afinidad al Movimiento Al Socialismo (MAS) de las comunidades asentadas en tierras fiscales del oriente permitía que éstas ni siquiera asuman sus multas.
“Siempre había un padrino político que les aseguraba porque no se olvide que el anterior Gobierno daba tierra por votos”, dijo.
Los desmontes son parte de la causa de la quema de 4 millones de hectáreas de bosques en la Chiquitanía.
DATOS
Mayor área deforestada se registró en 2016. El número de hectáreas asciende a 295.770. Los asentamientos en la Chiquitanía se acentuaron esa gestión.
Desmontes legales bajan, pero ilegales suben. En 2018, la ABT autorizó el desmonte de 270.831 hectáreas; en 2019 la cifra bajó a 190.271.
Sector privado registra más autorizaciones. Los registros de la ABT señalan que, de las 190.271 hectáreas autorizadas para el desmonte en 2019, los operadores privados acaparan el 63 por ciento de las autorizaciones. Los campesinos tienen el 30 por ciento y, los indígenas, el 7 por ciento.
DEFORESTACIÓN ILEGAL GENERA DESBORDE DE RÍOS
JOSUÉ HINOJOSA
La deforestación ilegal que se lleva a cabo en áreas de protección de los ríos son la principal consecuencia del desborde de éstos. La inundación de más de 5 mil hectáreas de cultivos en Santa Cruz y la afectación a más de 45 mil familias en Cochabamba, a causa de la mazamorra proveniente del desborde del río Taquiña, son la consecuencia de esta actividad ilegal, indicó el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Durán.
“Ahora vemos las consecuencias. Cuando ya empieza a llover es cuando empieza a haber las riadas”, dijo, a tiempo de mencionar que urge ordenar y planificar los asentamientos humanos para evitar mayores catástrofes.
Por otro lado, Durán señaló que una medida política inmediata es la derogación de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que autorizan el desmonte.
Agregó que el decreto autoriza desmontes en Beni, una región que históricamente tiene problemas de inundaciones.
