Transgénicos: dos años de pruebas no son respuesta rápida a Covid-19
La aprobación de los procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña, algodón, trigo y soya genéticamente modificados, que deberá efectuarse hasta el 17 de mayo como establece el Decreto Supremo 4232, representa el primer paso para el uso de transgénicos, ya que posteriormente inicia la validación de materiales que tomará entre 18 a 24 meses.
Estos plazos hacen que la medida gubernamental no sea una respuesta inmediata a la posible crisis alimentaria como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, al menos la mitad de la parte considerativa del decreto hace referencia a la Covid-19, lo cual fue cuestionado por actores políticos de oposición y grupos ambientalistas.
Aunque el decreto autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer los procedimientos abreviados para la evaluación de los mencionados cultivos transgénicos, esto no implica que el uso de estos sea inmediato.
Según el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz (Cinacruz), Juvenal Bonilla, dicho comité analizará la información referente a eventos biotecnológicos investigados y aprobados en países vecinos para dar paso a la validación de estos en suelos bolivianos. Ello permitirá identificar posibles problemas en la salud o en el medioambiente.
Menciona que la validación involucra realizar pruebas de campo, lo que exige un plazo de 18 a 24 meses. De eso se trata el procedimiento abreviado, pues el desarrollo normal de un evento transgénico tomaría más tiempo.
Bonilla añade que ese trabajo debe ser coordinado con las empresas que desarrollaron la tecnología. Al concluir las pruebas de campo, se dará paso, con el aval del comité, a la siembra comercial de dichos productos transgénicos.
El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, señala que el sector agrícola, al haber incorporado dicha tecnología, estará en condiciones de generar 2.800 millones de dólares adicionales por año y crear al menos 300 mil empleos, entre directos e indirectos.
Justiniano afirma que la biotecnología permite incrementar los rendimientos en los cultivos. Calcula que, por ejemplo, la producción de maíz puede triplicarse y la de soya incrementarse en 30 por ciento, lo que permitirá incrementar unas 600 mil toneladas de alimentos sin necesidad de ampliar la frontera agrícola.
Según datos de la CAO, con el uso de la biotecnología se dejará de importar 2.000 toneladas de pesticidas por año.
CULTIVAN 50 MIL HA DE MODO ILEGAL
El presidente de Cinacruz, Juvenal Bonilla, menciona que actualmente se cultiva al menos 50 mil hectáreas de soya BT, una variedad transgénica que no está autorizada.
Afirma que el cultivo de maíz transgénico abarca una superficie mayor, pues las semillas fueron importadas de manera ilegal de Paraguay y Argentina.
Explica que estas variedades, al no estar plenamente adaptadas a nuestro medio, pueden provocar problemas medioambientales.
CUESTIONAN USO DE LA PANDEMIA PARA PROMULGAR DECRETO DE TRANSGÉNICOS
JOSUÉ HINOJOSA
El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de un comunicado, cuestionó al Gobierno nacional por la promulgación del Decreto Supremo 4232 de “forma intempestiva” y “en plena emergencia sanitaria”, argumentando que la norma busca privilegiar un modelo económico por encima de la salud y la vida.
“Este modelo favorece a las transnacionales y a algunos empresarios ligados a ellas, cuando la pandemia llama al favorecimiento de la producción familiar, indígena originario campesina o la agroecología que favorezcan una alimentación sana”, dice documento.
Cabe mencionar que el decreto, en su parte considerativa, refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia mundial y que los Estados deberán asumir acciones a fin de precautelar la salud y la integridad de la población.
Por su parte, el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, considera que el Gobierno aprovechó la situación de emergencia sanitaria para dar vía libre al cultivo de alimentos genéticamente modificados con la excusa de que el sector agropecuario de Santa Cruz necesita apoyo al verse perjudicado económicamente por la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, afirma que dicho sector fue uno de los pocos que contó con licencia para transitar y continuar sus actividades desde el inicio de la cuarentena.
