Tres exfuncionarios del SIN van a prisión por corrupción
En el marco de las investigaciones de un supuesto negociado de deudas en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó ayer que el Juez 1º de Instrucción Penal - Zona Sur dispuso detención preventiva para Jorge R. L., Roy M. V. y María Y. V. R., exfuncionarios de Impuestos Nacionales Distrital-1 La Paz, quienes fueron imputados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo.
La detención preventiva tiene un tiempo de seis meses. Jorge R. L. S., quien se desempeñaba como gerente distrital, y Roy M. V., quien fungía como funcionario de cobranza activa, fueron enviados al penal de San Pedro. María Y. V. R., que ocupaba el cargo de jefa jurídica, fue remitida a la cárcel de Obrajes.
Los imputados habrían favorecido al contribuyente E. J. V. V. A. con la prescripción de su deuda tributaria mediante una resolución determinativa que pretendieron obligar a firmar a la funcionaria que denunció el hecho.
El argumento de la mujer para no cumplir con esas órdenes fue que esa deuda tributaría no había prescrito y como Gerencia Operativa debía agotarse los recursos legales para recuperar el pago de impuestos en favor del Estado.
Cossío explicó que posterior a este hecho los acusados ya no convocaban a las reuniones a la denunciante y, en su lugar, se reunían con otros contribuyentes, además del tercer imputado, Roy M. V., quien presumiblemente realizó actos a favor de contribuyentes como modificaciones de notificaciones en el Sistema de la Oficina Virtual (Sistema Operativo de Impuestos).
El fiscal indicó que ninguno pudo desvirtuar los riesgos procesales.
PROCESAN 115 DENUNCIAS
El gerente general del SIN, Rubén Tabata, informó que la Jefatura de Transparencia realiza el procesamiento de 115 denuncias sobre diferentes hechos presuntamente irregulares que recibió a nivel nacional.
Indicó que las denuncias van desde indicios de abuso de poder hasta hechos que serían derivados al Ministerio Público.
Detalló que existen tres casos que implican responsabilidad penal, cinco de responsabilidad administrativa, dos de auditoría interna, 13 que pasaron a control de calidad, siete que están para fiscalización, 37 son denuncias para archivo y 48 están en proceso cuya característica no fue especificada.
