Bolivia pide adelanto de $us 100 millones por el gas de julio
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pidió a su par argentina un adelanto de 100 millones de dólares a cuenta de toda la provisión de gas natural por enviarse en julio.
Según un reportaje del diario argentino El Cronista, YPFB solicitó a Integración Energética Argentina (Ieasa) el anticipo debido a que este país cayó en un incumplimiento contractual al no declarar una garantía, en este caso del Banco Nación.
El “default” no implica riesgo de provisión de gas natural a Argentina, aunque devela un capítulo más de la mala temporada energética de ese país, refiere El Cronista.
Según el reportaje de ese diario, Argentina tenía que enviar antes del 1 de enero de 2020 una carta de crédito (stand-by letter of credit, SBLC o SLOC) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que unen a la Ieasa con YPFB hasta 2026 y que en la actualidad están regidas por la cuarta adenda, firmada en febrero de 2019 por el exsecretario de Energía Gustavo Lopetegui y el exministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez (MAS).
Desde enero de 2020, Bolivia intenta establecer la cantidad de gas que envía cada día a Argentina.
De acuerdo a la última adenda, los volúmenes de exportación en invierno debían oscilar entre 16 y 18 millones de metros cúbicos por día, y verano, entre 10 y 11 millones de metros cúbicos por día.
La carta de crédito anterior había vencido el 31 de diciembre de 2019 y el Banco Nación debía renovar la garantía a favor de YPFB para todo 2020, algo que todavía no sucedió. De acuerdo con el reporte de El Cronista, no es la primera vez que las autoridades de Bolivia mandaron una factura prepago a Argentina para que se le adelante el pago de los 18 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) de gas natural.
El reporte indica que hay malestar interno en los funcionarios argentinos, porque creen que el Banco Nación debía enviar “un simple papelito” que se demoró hasta el momento seis meses.
Además, la carta de YPFB llega en un momento de tensión bilateral política por las diferencias (ideológicas o políticas) entre los gobiernos de Alberto Fernández y de Jeanine Áñez. En el medio de esta situación se negocia la quinta adenda al contrato que debería tener vigencia a partir de 2021.
